El Gobierno aprobó este martes el Plan Anual de Política de Empleo (PAPE) para 2020. El plan destina 1.945 millones de euros para que las comunidades autónomas desarrollen políticas de empleo, como cursos, orientación a los parados… Los fondos se sitúan un 16% por debajo de la cantidad asignada el año pasado.

Las comunidades autónomas tendrán que conformarse con este recorte del 16% en la dotación prevista para políticas de empleo autonómicas en 2020. Se trata de un recorte de 373 millones respecto a la dotación del año anterior, según se detalla en el Plan Anual de Política de Empleo aprobado hoy martes por el Consejo de Ministros.

La dotación total del Plan Anual de Política de Empleo (PAPE) para 2020 asciende a 5.7923 millones de euros, informó en Ejecutivo.

Los gobiernos autónomos contarán con estos 1.945 millones de euros en 2020 para llevar a cabo las políticas de empleo que tienen encomendadas en el reparto competencial español, como son cursos de formación y políticas de acompañamiento a los parados en las oficinas públicas de empleo.

Desvío de fondos de formación

El recorte presupuestario se suma a lo dispuesto en abril, cuando el Ejecutivo decidió arrebatar a las comunidades autónomas 2.400 millones de euros en principio destinados a formación, pero que acabaron financiando el escudo de prestaciones por desempleo y otras acciones lanzadas contra la pandemia en los primeros compases de la crisis sanitaria.

El desvío de los fondos de formación despertó la ira de las comunidades autónomas, que recordaron que su financiación procede de la cuota de formación que pagan trabajadores y empresas, y que en principio no puede destinarse a otro fin, salvo a la organización de cursos.

El Plan Anual de Política de Empleo 2020 aprobado hoy desarrolla la estrategia diseñada en 2018 con una dotación de fondos cercana a 5.800 millones de euros; la misma cantidad que en los dos años anteriores, al derivar de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) prorrogados 2017.

Los seis ejes del Plan indican una serie de servicios y programas que las comunidades autónomas deben ofrecer a los demandantes de empleo en todo el Estado, con independencia de la Administración autonómica que comparta con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) las oficinas desde donde España organiza la intermediación laboral y los apoyos a la búsqueda de empleo.

En total, casi un millar de servicios y programas destinados a prestar orientación, formación, oportunidades de empleo, fomentar el espíritu emprendedor y propiciar una mejora del marco institucional del Sistema Nacional de Empleo, conformado por ambas administraciones, junto, en su Consejo General, a empresarios y sindicatos.

La Conferencia Sectorial de Empleo, el otro gran órgano de gobierno del Sistema Nacional de Empleo, y donde se sientan comunidades y Gobierno central, reformuló en abril dicho plan anual, después de que se les presentaran las líneas maestras de un plan, que debió ser “adaptado” a la pandemia, afirma el Ejecutivo.

Una pandemia que ha obligado a incluir 30 nuevos indicadores sobre su grado de cumplimiento; si bien el Gobierno no ha aprovechado hoy la ocasión para informar sobre el impacto en el empleo, o sobre la activación de los desempleados, de ediciones anteriores.