El pleno del Parlamento europeo ha pedido a la Comisión Europea que la propuesta sobre Servicios Digitales que prepara para finales de año contemple reglas estrictas contra los fraudes en las ventas ‘online’ yn mecanismos ágiles para alertar y retirar contenidos ilícitos en Internet.

También reclama normas más estrictas para la publicidad personalizada de manera que los formatos publicitarios sean menos intrusivos, requieran menos datos para contextualizarlos y no dependan de la interacción previa del usuario.

Los eurodiputados recalcan en sus demandas a la Comisión Europea que las nuevas reglas sean también de obligado cumplimiento para las plataformas y servidores extracomunitarios cuando den servicio a usuarios europeos.

El Parlamento Europeo propone un «mecanismo vinculante para la notificación y acción» que permita a los usuarios dar la señal de alarma si encuentran contenidos que pudieran ser ilegales, de modo que los proveedores puedan actuar con rapidez y rindan cuentas sobre los pasos dados. Y establecer una distinción «inequívoca» entre contenidos nocivos y los ilícitos, porque será solo a estos últimos a los que se aplicaría un régimen de responsabilidad jurídica.

Las plataformas no serán las responsables de filtrar los contenidos que se suben a sus plataformas ni deberán realizar control previo de los contenidos, sino que toda decisión sobre la legalidad de los archivos compartidos deberá corresponder a un órgano judicial independiente y no estar en manos de empresas privadas.

La Eurocámara recuerda que las reglas con que cuenta la Unión Europea en la esfera digital apenas han sido modificadas desde que se crearon hace dos décadas, por lo que consideran esencial adaptarlas a la evolución del sector y las nuevas tecnologías e instan a Bruselas a aprovechar la propuesta sobre Servicios Digitales para cubrir estas lagunas.

En cuanto a la protección de los consumidores y la seguridad de los usuarios, los eurodiputados se adhieren al principio de que aquello que es ilegal en la sociedad analógica debe serlo también en la digital.

Además, piden más acción y responsabilidad por parte de proveedores y plataformas a la hora de detectar y suprimir bulos o retirar la venta de falsificaciones o productos peligrosos, por ejemplo aquellos que se multiplicaron durante la pandemia como remedios o protección del coronavirus.

Inteligencia Artificial con ética

El Parlamento Europeo también insta a la Comisión Europea a crear un nuevo marco jurídico que desarrolle los principios éticos y las obligaciones jurídicas sobre la inteligencia artificial y robótica. Una propuesta del eurodiputado socialista español Iban García servirá para orientar las normas que gobiernen en este sector teniendo en cuenta cuestiones éticas, de responsabilidad civil y de derechos de propiedad intelectual.

La propuesta plantea que cualquier regulción debe regirse por los principios de una inteligencia artificial antropocéntrica y antropogénica; con seguridad, transparencia y rendición de cuentas y con salvaguardias contra el sesgo y la discriminación. El marco jurídico debe contemplar el derecho de reparación; responsabilidad social y medioambiental, respeto de la intimidad y protección de los datos.

La iniciativa propone que estos sistemas se diseñen de tal modo que permitan en cualquier momento la supervisión humana, así como que en operaciones que puedan atentar contra principios éticos el control sea plenamente humano.

En otra iniciativa, la Eurocámara ha pedido un marco de responsabilidad civil para que quienes trabajan con Inteligencia Artificial o robótica asuman cualquier perjuicio que pudiera causar. «Un marco jurídico claro dará alas a la innovación, al dotar a las empresas de la necesaria seguridad jurídica; pero también protegerá a los ciudadanos», defiende el documento, cuyo ponente ha sido el eurodiputado alemán del Partido Popular Europeo Axel Voss.

En una tercera propuesta, el Parlamento Europeo ha aprobado que el liderazgo mundial de la UE en este campo vaya de la mano de un sistema de derechos de propiedad intelectual efectivo y con salvaguardias para el sistema de patentes. «Esto no puede hacerse a expensas de los intereses de los creadores humanos ni de los principios éticos de la Unión», ha defendido el informe presentado por el liberal francés Stephane Sejourne.