Cosas de la democracia

22/10/2020

Luis Díez.

La moción de censura al Gobierno, planteada por el jefe de la ultraderecha (Vox) y debatida durante dos días, no consiguió un solo voto más de los 52 del grupo proponente ni arañó una piadosa abstención, aunque la exportavoz del PP Cayetana Álvarez de Toledo anunciara la suya. Fue derrotada por 298 votos en contra, el 85% de la Cámara. Y después de la solemne pérdida de tiempo, lamentada por casi todos, se pasó a otra cosa.

¿Qué cosa? La decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “detener el reloj” de la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para llegar a un acuerdo con el principal partido de la oposición. Viendo el dirigente socialista que el líder del PP, Pablo Casado, se empleaba a fondo contra su excompañero de la ultraderecha (“Ya cobraba del partido hace trece años, cuando yo ni había entrado”, le espetó), descalificaba su moción y anunciaba un explícito y sonoro “no”, entendió que Casado se desmarcaba de los ultras, subió a la tribuna y anunció la parada del reloj.

“Cuando concluya esta votación –dijo Sánchez–, sentémonos y renovemos el Consejo del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo; espero que después de dos largos años se avengan a renovar el gobierno de los jueces”. A continuación ofreció a Casado acuerdos en otras materias pendientes, incluida la legislación laboral y la reforma de las pensiones.

Pocos minutos después compareció debidamente engominado el secretario general del PP, Teodoro García Egea, para anunciar que no, que la parada del reloj propuesta por Sánchez para no tener que renovar el CGPJ por mayoría absoluta, es otro trampantojo como aquel del estado de alarma, y que las condiciones del PP se mantienen inalterables y son tres: “Retirar la reforma del PSOE-Podemos contra la independencia judicial; despolitizar la elección del CGPJ y Fiscalía, y excluir a Podemos del proceso”.

Lo primero es precisamente lo que propone Sánchez para que la elección de los 20 vocales del Consejo (12 magistrados a propuesta de los propios jueces y 8 de las formaciones parlamentarias) se pueda realizar por las tres quintas partes del Parlamento. Lo segundo, la llamada “despolitización” es precisamente lo que no quiso el PP en 2013 cuando modificó la ley y aplicó matemáticamente su mayoría absoluta (algo que también hizo para ocupar el Consejo y la dirección de RTVE), y lo tercero, la exclusión de Podemos, es precisamente inconstitucional en la medida en que ataca “el pluralismo político”, reconocido en el artículo 1.1 de la Carta Magna, ese que dice: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

Con independencia de que el presidente del CGPJ, señor Lesmes, haya ocupado un alto cargo político en los gobiernos de Aznar y de que él y los consejeros sigan ejerciendo el mando (nombramientos incluidos) en flagrante situación de aconstitucionalidad, el argumento del PP de que Podemos “ataca a los jueces” resulta inconsútil, pues todos los partidos, también el PP, critican las decisiones judiciales y además todos los ciudadanos tenemos derecho a hacerlo. Cosas de la democracia. O se asumen, como ocurre con las mociones de censura, o se prohíben. Lo que no es posible es soplar y sorber a la vez por más que Casado y Teodoro se esfuercen.

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