Si cuando el sabio señala la luna el tonto mira el dedo, tampoco evidenciaría mucho músculo intelectual quedarse en los números cuando lo que se cuestiona es todo un derecho. Como no hay mal que por bien no venga, la crisis ha tenido la virtualidad de desenmascarar hasta la desnudez extrema a quien cree que, para quien no tenga posibles, no hay mejor educación que pedir las cosas por favor y dar siempre las gracias. Sobre la docilidad del ignorante se edificó buena parte de la arquitectura de la explotación, pero esos tiempos pretéritos, aunque a algunos les duela, pasaron a mejor vida. Y eso que parece mentira cuando en la era de la alta definición se ven informativos a los que sólo puedes imaginar en blanco y negro en los que tildan de “algarada” el derecho a manifestarse o que, en plena y masiva protesta de profesores, alumnos y padres, saca a pasear al faisán por la pantalla para despistar.

Estas groserías televisivas se pagan a escote entre quienes somos tan vulgares como para no tener unas ‘sicav’ que echarnos al coleto fiscal y sí una bendita nómina que, por cierto, también paga la sanidad y la educación ¿Qué es eso de que igual debería dejar de ser gratuita a partir de ciertos tramos? ¿Desde cuándo ha sido gratuita? Bien está que ahora se nos restriegue lo que costamos al Estado por ese vicio de enfermar, que nos digan el pico que ha supuesto extirparnos la vesícula y, por tanto, nuestra responsabilidad alícuota en el déficit público. Sin embargo no estaría de más que junto a esa factura se grapara otra que, por ejemplo, reflejara con detalle cuánto costaron los canapés de la inauguración del Teatro del Canal, si fueron esos doscientos millones de las antiguas pesetas que se dijo, o se nos especificara, con IVA o sin él, cómo es posible que algunas empresas vinculadas a la trama Gürtel cobraran por colgar cuadros más que si los hubieran pintado ellos mismos.

Hay que admitir que es más fácil prescindir de miles de profesores que renunciar a unos principios. Por ello es encomiable el tesón de la consejera Figar en demostrar que lo público vale para muy poco más allá de pagarle a ella su sueldo, por cierto. Y si para cumplir esa misión de marine del ultraliberalismo trasnochado hay que incluir a los maestros en la antigua, pero me temo que a menudo añorada, ley de vagos y maleantes se hace. Todo sea por confrontar su tan supuesto como falso parasitismo laboral con ese furor legislativo que se gasta el Gobierno de Aguirre y también el de Gallardón cuando hay que beneficiar a la enseñanza privada a costa del riñón ajeno ya sea con regalías tributarias, subvenciones a tutiplén u obsequios como parcelas municipales que se queda la Iglesia por la filosa para levantar colegios en los que luego se separa a los alumnos en razón de su sexo.

Con esa edificante política de quienes se tienen por modernos aunque auspician esa regresión que nos llevaría a recuperar el pizarrín y a cantar los ríos sin distingos autonómicos tenemos que lidiar. Con esa criminalización de quien defiende en lo que cree aunque no le paguen en ninguna tertulia por decirlo. Claro que habrá profesores más cualificados que otros o más renuentes al esfuerzo unos que otros ¿Y dónde no? Quizás la diferencia sustancial sea que mientras a un consejero de Transportes que brama porque no existe el metrobús se le asciende, miles de maestros que quedan en la calle sin más consideración que tener a la educación pública no como un tesoro a conservar sino como un incordio a laminar. Ese es el debate.