Si alguien tenía alguna esperanza sobre una pronta recuperación de la economía, o se creía las proclamas ficticias del Gobierno, ya puede abandonarlas y ponerse a cubierto si es que puede. Porque si algo nos faltaba para dar la puntilla a esta economía nuestra agonizante era un estado de alarma propasado, en lugar de reformar y reforzar la leyes sanitarias, y un presupuesto del Estado irrealizable.

Independientemente de la dudosa constitucionalidad de un Estado de Alarma por seis meses y sin sometimiento al control y la renovación parlamentaria -la Carta Magna especifica que esta medida debe ser excepcional y de duración limitada- las limitaciones del toque de queda, la descoordinación entre las medidas adoptadas en cada comunidad autónoma, la pérdida de ventas y de ingresos que supone especialmente entre los autónomos y pymes, y las incertidumbres que genera, van a derivar en una hemorragia de cierres de negocios, el incremento de un desempleo desbocado, un hundimiento del consumo y una retirada o aplazamiento de inversiones nacionales y extranjeras.

Todo esto, además de un agravamiento en el déficit de la Seguridad Social y la sostenibilidad del sistema de pensiones, cuyo problema fundamental no es el gasto sino la alarmante caída de los ingresos por cotizaciones a causa del incremento del paro y unos salarios a la baja. Problema clave que no se puede resolver con ese acuerdo alcanzado en la Comisión del Pacto de Toledo, que después de cuatro años de trabajo no es más que una reedición del parto de los montes, es decir mucho ruido y mucha espera para luego alumbrar un ratón. Que no otra cosa son los tres pilares sobre los que se asienta este preacuerdo: volver a vincular las pensiones al IPC, acercar la edad de jubilación real a la legal y desplazar los gastos de la Administración de la Seguridad Social a los presupuestos de la Administración del Estado. Eso, con el añadido de ese esbozo de incentivar los planes de pensiones de empresas. Es decir, las mismas soluciones de las que llevábamos hablando desde la crisis financiera de 2008 y, además, carentes de detalle y concreción.

Y todo ello en un escenario macroeconómico que se encamina a un cierre de 2020 con un retroceso de la economía del 14 por ciento, un déficit público del 12 por ciento del PIB, una deuda explosiva que superará el 115 por ciento del Producto Interior Bruto y un paro con tendencia a superar el 20 por ciento de la población activa. Indicadores todos ellos que superan las ya negativas previsiones de ese cuento de la La Lechera que son las previsiones presupuestarias del Gobierno.

Unas cuentas del Estado que nos amenazan con un atraco fiscal que no van a pagar los ricos, como demagógicamente venden desde La Moncloa, sino los trabajadores y las clases medias, además de las empresas. Españoles que ganen más de 300.000 euros anuales son una minoría muy minoritaria y el incremento de ingresos que pueden generar apenas superar los 300 millones de euros, muy lejos de esos 550 millones que anuncian desde el Ejecutivo. Una medida que, como denuncia el Instituto de Estudios Económicos, va a provocar una fuga de talento y una pérdida de empleo de hasta el 4 por ciento.

Mientras, quienes consumen las bebidas azucaradas o los plásticos, quienes utilizan el gasóleo como carburante, recurren a planes privados de pensiones son la inmensa mayoría de los ciudadanos, esos trabajadores y clases medias a los que los cálculos de los expertos estiman se les van a esquilmar más de 4.000 millones de euros, casi 14 veces más de lo que van a obtener de las llamadas grandes fortunas.

Y esto sin contar las imposiciones a las tecnológicas y a los bancos a través de las transacciones financieras, la llamada tasa Tobyn, que al final pagaremos también todos mediante pago por lo servicios ahora gratuitos como el WahtsApp, o a través de un incremento de las comisiones de los bancos. Lo mismo que va a ocurrir con la subida del Impuesto de Sociedades, que las empresas repercutirán en subidas de precios, destrucción de puestos de trabajo y, lo que es aún más grave, en un aumento de la mortalidad empresarial en un país en el que desde el mes de marzo hasta hoy han cerrado ya 100.000 empresas y tenemos 750.000 trabajadores en los ERTE, de los que prácticamente la mitad no van a volver a su puesto de trabajo. Esto, mientras en el Ejecutivo ni se bajan los sueldos, ni reducen una Administración elefantiásica con ministerios inútiles y llenos de asesores innecesarios y enchufados.

Como dice la economista y especialista en empresa familiar María Lladró en su libro sobre el Valuismo, “es lamentable el estado que permanece en la ineficiencia operativa haciéndose cada vez más grande a costa de los impuestos privados, y es lamentable la Administración que no se elimina a pesar de ser superflua”.