Los Presupuestos, como su nombre indica, permiten presuponer las cifras de ingresos y gastos del Estado, que somos todos, y poseen una característica que no cambia desde que la memoria alcanza: los ingresos son siempre insuficientes y los gastos siempre son crecientes, de modo que la ecuación se resuelve con cargo al déficit y la deuda. En los segundos Presupuestos que lleva al Parlamento el Gobierno de Pedro Sánchez –los primeros se los cargaron y le obligaron a convocar elecciones generales–, las partidas de gasto suman 456.073 millones de euros y las de ingresos, un 7,7% menos. Ese déficit impresentable y prohibido por las normas de estabilidad fiscal de la UE antes del coronavirus, se reparte entre la Administración central (5,2%), las Autonomías (1,1%), la Administración local (0,1%) y la Seguridad Social (1,3%).

Es curioso que el diferencial de la fiscalidad en el Reino de España sea precisamente un 7% inferior a la media de la UE. En esa realidad incidió bastante la ministra portavoz del Gobierno y titular de Hacienda, María Jesús Montero, como si se tratase de un reto que el Ejecutivo y los legisladores han de abordar. ¿Cuándo? No lo sabemos porque no lo dicen. Los ratones ni siquiera han puesto fecha a la asamblea para decidir quien le pone el cascabel al gato. Los directivos del Ibex y de las grandes empresas pueden dormir tranquilos. Los beneficios seguirán tributando como hasta ahora, al 7% (y van tres sietes en este traje), que viene a ser la mitad de lo dicho: ese 15% que pagan las pymes y que el pacto de coalición PSOE-UP colocó de suelo para todos. Tampoco son significativas las subidas de dos puntos del IRPF a los que declaran ganar más de 300.000 euros anuales (17.000 personas) ni de tres puntos a los que obtienen más de 200.000 de rentas del capital. Y menos importante todavía en términos recaudatorios ese incremento de un punto del tipo nominal del impuesto de los patrimonios de más de 10 millones de euros.

El único avance en materia de equidad fiscal se registra en las famosas sociedades de inversión colectiva, esas Socimis que usan algunos multimillonarios para pagar al común apenas tres puntos de los incrementos anuales de sus fortunas. Sin embargo, al elevar el listón al 15% habrá que ver cómo huyen cual alma que lleva el diablo, entre el Día de Difuntos y el Año Nuevo, con destino a Holanda, Luxemburgo o, sin ir tan lejos, a Andorra y Gibraltar para ubicar sus nuevas sedes sociales y esquivar las tarifas que se anuncian. Unas tarifas que en los impuestos indirectos registran las subidas del IVA a los plásticos de un solo uso y a los refrescos azucarados (medidas medioambientales y de salud), del 10% a la energía eléctrica y de 3,8 céntimos al litro de diésel mediante la reducción de las bonificaciones a ese combustible muy contaminante. Aunque también en este punto habrá que ver si se mantiene el ahorro previsto de 400 millones de euros o se retira para tranquilizar al PNV y atraer los diez votos favorables de Ciudadanos. Luego ya, parece que por fin se va a aplicar la tasa Google, largamente anunciada (por Montoro y por Montero) y la tasa Tobin, en vigor en la mayoría de los grandes países de la UE, aunque no precisamente para ayudar a los países empobrecidos, sino para controlar mejor las transacciones internacionales.

Aparcada la reforma fiscal, se puede decir que la flexibilidad de las reglas de gasto y las ayudas UE con cargo al déficit común europeo arbitrado para paliar el daño económico provocado por el coronavirus (el humano es irreparable) van a permitir al Gobierno de Sánchez e Iglesias  afianzar los servicios públicos básicos del estado social, combatir la indigencia con el despliegue del ingreso mínimo vital, mejorar el trato a los más necesitados, contener la especulación de los alquileres de viviendas (condición de Podemos) e impulsar la innovación industrial, los sectores con futuro y la actividad económica. También subirán las pensiones y los sueldos públicos el 0,9% correspondiente a la inflación.

Con estas cuentas, el Reino de España se coloca cuatro puntos por debajo de la media de gasto social de los países de la UE. El equilibrio implicaría aumentar al menos tres puntos la fiscalidad a las rentas altas, los beneficios, el patrimonio y las grandes fortunas. Nada de eso aparece en un proyecto de Presupuestos con sensibilidad social, desde luego, pero más liberal que socialdemócrata. La prudencia del Ejecutivo no impedirá, sin embargo, a las derechas agitar los crespones y percutir los tambores del apocalipsis: más impuestos, más paro, más ruina de España. La oposición está para oponerse, aunque en este caso tampoco hay que alarmarse: a los ricos y pudientes no les tocan la cartera.