No deja de sorprender el contenido de la interlocutoria del juez Joaquín Aguirre, del juzgado de instrucción número1 de Barcelona contra independentistas catalanes donde se contempla que Rusia estaba dispuesta a ofrecer a Puigdemont diez mil soldados y asumir la deuda de la Generalitat. Estas gravísimas acusaciones sobre la ingerencia de un gobierno extranjero en los asuntos internos de nuestro país parece lógico que provocara fulminantes reacciones del Gobierno español.

Uno le hubiera parecido coherente que España rompiera relaciones diplomáticas con el país de Putin o, como mínimo llamar a consultasal embajador español y elevara contundentes protestas ante su homólogo ruso. Que yo sepa nada de esto se ha hecho mientras la representación diplomática rusa se ha permitido el lujo de publicar en su web un irónico comentario sobre la interlocutoria del citado juez.

Como todo ello no se ha producido no es extraño pensar que ni el Gobierno, ni sus ministros de Exteriores o de Justicia se toman en serio los montajes policiales que aceptan determinados jueces. Es más, uno sospecha que algunos magistrados tienen la mano presta para autorizar pinchazos telefónicos para ver si encuentran algo vulnerando el derecho a la privacidad constitucionalmente reconocido (el diario El Mundo explicaba recientemente el seguimiento que se hacía a personas próximas al independentismo catalán), En cambio es de agradecer el esfuerzo que han hecho para que los funcionarios encargados de interpretar las conversaciones pinchadas no tuvieran problemas con el idioma catalán, dado el poco uso que estos organismos hacen de esta lengua.

Muchas de estas macro operaciones de los cuerpos policiales, realizadas con gran despliegue de medios y con graves y espectaculares acusaciones luego no se sostienen (como la operación Judas) o la que afectó al responsable de los Mossos Josep Lluís Trapero o al ex presidente del Barça Sandro Rosell, o la de Tamara Carrasco por no entrar en las dudas si las duras condenas a los políticos del procés no se basaban en los hechos si no compraban directamente el relato policial, mientras otra sentencia de la Audiencia Nacional la valoración de los mismos hechos no sólo cuestionaba el relato de las fuerzas policiales, si no que desautorizaba a los responsables de aquellas operaciones y además absolvieron a los acusados.

Cuando el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, se quejaba de campañas de desprestigio del mundo judicial, quizás ahora pueda encontrar respuestas.