La futura Ley de la Vivienda, prevista por el Gobierno para los primeros meses de 2021, pretende establecer mecanismos de contención y bajada de los
precios de alquiler, lo que ha producido una gran inquietud entre las instituciones y los empresarios del sector inmobiliario.

Para Montserrat Junyent, presidenta de la patronal inmobiliaria Fadei, este
anuncio, que a priori pudiera parecer una solución a corto plazo, “no
solucionará el problema de fondo, sino que tendrá un efecto negativo y no
ayudará a mejorar el acceso a una vivienda digna reconocido en la
Constitución, toda vez que el problema es la falta de viviendas disponibles”.

Entre otros efectos, producirá un desequilibrio entre la protección de los
derechos del inquilino y los legítimos intereses del sector privado y no
controlará el incremento de los precios, producido por la escasez de la
oferta.

Otro de los problemas que ocasionará para los propietarios es que puede
provocar que éstos no puedan abordar el mantenimiento de las viviendas,
una situación que recuerda tiempos pasados en los que la falta de
adecuación de la renta llevó al deterioro del parque de alquiler. Los
inversores dejaran de adquirir inmuebles para incorporarlos al mercado de
alquiler, lo que en definitiva producirá una reducción aun mayor de la
oferta.

La medida también puede tener un impacto directo en la economía de
pequeños propietarios que utilizan el alquiler como complemento a sus
ingresos o su pensión de jubilación, provocando que en muchos casos
decidan cambiar el alquiler por venta o por otras alternativas.

A lo largo del tiempo ha habido experiencias que no han servido para
solucionar el problema. Actualmente hay un movimiento en muchos países
europeos que tratan de limitar el precio de los alquileres. Un ejemplo es
Berlín, dónde el límite del precio de alquiler ha tenido como consecuencia
un cierto abaratamiento respecto del año pasado pero con una reducción
considerable de la cantidad de vivienda en oferta, lo que ha supuesto el
efecto contrario.

En este sentido, para Montserrat Junyent, el límite del precio del alquiler
“tal como marca la ley del mercado debiera seguir regulándose por la oferta
y la demanda y, adoptar medidas que incentiven la creación de un parque
de vivienda social suficiente para dar respuesta a la necesidad habitacional
de las familias más desprotegidas”.

Poner un tope puede tener el efecto no
deseado pues puede provocar que haya arrendatarios que decidan no poner
sus viviendas en alquiler o incluso que haya pagos en negro para poder
compensar la diferencia.
Ante la falta de vivienda pública en alquiler es necesario que el Gobierno
contemple elevar el parque de este tipo con fines sociales e incentive su
construcción mediante estímulos fiscales y de cualquier otro tipo, pues la
colaboración del sector público privado debe recibir apoyo, no medidas
coercitivas ni penalizadoras. Esta iniciativa del Gobierno serviría en buena
parte para paliar el problema de la escasez de vivienda disponible que
existe en este momento.