Las leyes para contener la especulación abusiva han chocado tantas veces en España con los obstáculos tradicionales que podría decirse que los legisladores necesitan más tiempo que los científicos para obtener la vacuna contra el coronavirus. Lo que no ocurre en otros países europeos tan carentes de probidad política como el nuestro, se verifica aquí. En vez de legislar para poner coto a la voraz especulación de los alquileres de viviendas, se crea una comisión ‘ad hoc’ para no soliviantar a los fondos buitre y a la banca (activos tóxicos llamaban a los inmuebles con hipotecas fallidas) ni, por supuesto, invadir las competencias autonómicas y municipales. En vez de legislar en serio sobre las casas de apuestas y juegos de azar, se elabora un decreto para acotar la publicidad abusiva de esa industria de la “distribución inversa” que ha infectado el país hasta el punto de que toda España es una timba.

Para llegar al decreto aprobado el martes por el Consejo de Ministros que prohíbe la publicidad de las apuestas deportivas ‘on line’ (sólo podrán emitir anuncios entre la una y las cinco de la mañana) y limita las promociones y patrocinios de los operadores a los clubes de fútbol a cambio de publicidad, se ha tenido que llegar a unas cotas de ludopatía (juego de riesgo le llaman para disimular) tan alarmantes como celosamente tapadas, aunque no inferiores al diez por cien de los apostadores, en su mayoría de entre 18 y 40 años de edad. Hay datos que indican que uno de cada cuatro jóvenes que se acercan a esa práctica acaban enganchados y se convierten en pasto de una adicción calificada de droga pura y dura por la OMS.

Es más: para llegar al decreto restrictivo, que los poderosos lobis del sector califican de “injusto”, el Gobierno y, más concretamente, el Ministerio de Consumo del que es titular Alberto Garzón, coordinador de Izquierda Unida (IU) ha tenido que conceder una moratoria de un año para no perjudicar los intereses de los grandes clubes de fútbol y de sus patrocinadores, esos operadores de apuestas virtuales que extraen miles de millones de euros cada año del mercado español y no pagan ni un euro en el impuesto de sociedades, ya que, como es sabido, ubican sus sedes sociales en paraísos fiscales y territorios de baja fiscalidad, caso de Malta y, antes del Brexit, de Gibraltar. Dejan el daño, se llevan la pasta y encima nos bombardean con la publicidad más cruel, dañina y chabacana que señalados famosillos y destacados deportistas podían hacer. Tras el decreto ya no podrán.

Para conseguir ese mínimo avance en materia de salud –lejanos quedan los tiempos de los jubilados (hombres y mujeres) ludópatas, alimentando las 240.000 máquinas tragaperras que llegó a haber en España (hoy hay 180.000, según el sector)– han sido necesarios tres años de quejas y recomendaciones del Defensor del Pueblo al Gobierno y al Parlamento. Téngase en cuenta que las apuestas y juegos de azar mueven más de 32.000 millones de euros anuales, un 2,7% del PIB, tanto dinero como la producción agraria. Y que el juego on line, que es competencia del Gobierno central, manejó 18.000 millones de euros en 2017 y viene creciendo a un ritmo superior al 20% desde 2012. Incluso se disparó durante el confinamiento, según fuentes del sector.

Con tanto dinero en curso se comprende la renuencia legislativa o, dicho de otro modo, la compra de voluntades políticas. La secuencia histórica es clara. En 2006, con los buitres de las apuestas deportivas ‘on line’ sobrevolando el país, el Gobierno de Rodríguez Zapatero anunció una ley reguladora que, sin embargo, tardó cinco años en presentar. Ya las marcas de los buitres lucían en las camisetas de los jugadores de fútbol (y de otros deportes como el baloncesto) cuando por fin entró en vigor la norma, en el año 2012, que obligó a los operadores a solicitar licencias y cumplir unas normas básicas de control arbitradas por la Dirección General del Juego (Ministerio de Hacienda) como organismo regulador.

A partir de ahí muy poco se ha hecho: ni el control de la eclosión de los salones de juego con sus terminales de apuestas ‘on line’, cuya apertura y funcionamiento depende de los siempre dúctiles y maleables gobiernos autonómicos, ni la protección de la infancia y la juventud ante la abrumadora oferta que identifica deporte y apuesta, ni la prevención de la ludopatía con mensajes fuertes y sanciones por publicidad engañosa ni, mucho menos, el despliegue del control de acceso que la inteligencia digital permite a unos niveles superiores se ha puesto en marcha durante los seis años de Gobierno del PP, cuatro de ellos con mayoría absoluta. De hecho, la mayor parte de las disposiciones de la ley del juego ‘on line’, incluido el Consejo Asesor del Control del Juego, permanecían intocables.

Y era así como el gobernante Rajoy Brey deseaba que permanecieran cuando, en 2016, ante la abusiva traca y matraca publicitaria incitando al juego, se guardó en el cajón la regulación de los anuncios, promociones y patrocinios que, afectados por las primeras protestas ciudadanas, le aconsejaron y en parte dictaron desde la patronal CEOE algunos empresarios de casas de apuestas. Otros exigían la misma vara de medir para la ONCE y Apuestas del Estado (la lotería y las quinielas). Pero ¿cómo iba él a perjudicar a un sector que además de pagar la tangente (suministrar ayuda económica al partido), era tan querido por la lideresa Aguirre y apreciado por algunos varones autonómicos como Feijóo? Un sector extractivo de la renta de las familias en el que, por lo demás, se movían como pez en el agua algunos de sus ministros y tenía intereses directos el jefe de ética del PP, señor Ayala. Eso, de ninguna manera. He ahí la poderosa razón por la que la vacuna contra el juego tarde más que la del covid-19.