La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) y Subsidiación Coordinadora Nacional Plataforma de Afectados VPO denuncian que el Gobierno elude responder a la petición de quitar el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) de las viviendas de protección oficial (VPO) que lo tienen.

Esa supresión fue un compromiso que fue asumido por parte de los grupos políticos que hoy forman parte del Gobierno de coalición y que se refleja en una proposición no de
ley del Grupo Socialista, y cuenta con el apoyo explícito del Defensor del Pueblo.

A diferencia del IRPH de las hipotecas convencionales, el que soportan determinadas
promociones de vivienda pública en España no puede litigarse en los tribunales, sino
que compete al Gobierno su modificación, mediante acuerdo en Consejo de Ministros.

Pero en la respuesta de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes  a la pregunta parlamentaria formulada en julio por Compromis (y contestada el 30 de septiembre) se limita a decir que “los tipos de interés previstos en los contratos de préstamo no se fijan por disposición pública, sino que son el resultado de la operatividad del principio de libertad de pactos entre prestamista y prestatario”, ignorando que los tipos de interés en VPO son fijados en Consejo de Ministros.

La Coordinadora de afectados por el IRPH en las VPO y Asufin exigen al Gobierno
que cumpla con los compromisos adquiridos en el acuerdo rubricado en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, en noviembre de 2017, que aprobó con modificaciones la Proposición no de Ley sobre el interés de vivienda protegida, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Y en el que se instaba al Gobierno “a fijar un nuevo procedimiento de cálculo de estos tipos de interés de préstamos destinados a la adquisición de vivienda protegidos, más justo y orientado a su función social». «Este nuevo procedimiento debe incluir mecanismos correctivos que impidan que los tipos fijados excedan a los del mercado libre. En ningún caso debe seguir empleándose el IRPH de entidades. El Gobierno deberá tener en cuenta a las asociaciones de afectados antes de la modificación del procedimiento”, añadía la proposición.

El IRPH ha sido el índice de referencia de las promociones de vivienda pública hasta el plan 2005-2008. Esta última promoción accedió a la compra de vivienda pública en el contexto de la burbuja inmobiliaria por lo que el sobrecoste que tuvieron que asumir, unido al IRPH, provocó que en 2012, la vivienda social fuera más cara que la de renta libre.

La Coordinadora Nacional Plataforma de Afectados por VPO considera que “el Gobierno
vuelve a dar la callada por respuesta en cuanto a la recuperación de la subsidiación y resulta ofensiva la respuesta dada en sede parlamentaria”.

Asufin apoya la causa de estos afectados dado que “precisamente se trata de hipotecados que acceden al mercado de la vivienda a precios más ventajosos debido a su condición de mayor vulnerabilidad, por lo que no se entiende que el índice de referencia se fije al IRPH cuando se ha demostrado que supone un claro sobrecoste con respecto al Euribor”, subraya su presidenta Patricia Suárez, para quien «se trata de una injusticia flagrante que sólo el Gobierno está en condiciones de corregir”.