Como decía el dictador Franco, ese al que tanto utiliza y empieza a parecerse, Pedro Sánchez tiene atados y bien atados unos Presupuestos que, si el COVID y la recesión económica y social no lo impiden, le garantizan la permanencia en el Gobierno al menos hasta el final de la legislatura.

Unos presupuestos irrealizables y mentirosos, apoyados por el rodillo Frankestein con la muletilla del kleenex naranjito, que nos amenazan con un atraco fiscal que no van a pagar los ricos, como venden desde La Moncloa, sino los trabajadores, las empresas y las clases medias. Españoles que ganen más de 300.000 euros anuales son una exigua minoría y el incremento de ingresos que pueden generar apenas superar los 300 millones de euros, muy lejos de esos 550 millones que anuncian desde el Ejecutivo. Una medida que como denuncia también el Instituto de Estudios Económicos, provocará fuga de talento y una pérdida de empleo de hasta el 4 por ciento.

Mientras, quienes consumen las bebidas azucaradas o los plásticos, quienes recurren a planes privados de pensiones o la educación concertada, son la inmensa mayoría de los ciudadanos a los que los cálculos de los expertos estiman se les van a esquilmar más de 4.000 millones de euros.

Esto sin contar las imposiciones a las tecnológicas y a los bancos a través de la llamada tasa Tobyn, que al final pagaremos también todos mediante el abono de servicios ahora gratuitos como el WahtsApp, o a través de un incremento de las comisiones de las entidades financieras. Lo mismo que va a ocurrir con la subida de la fiscalidad en Sociedades y Patrimonio, que las empresas repercutirán en aumentos de precios, destrucción de puestos de trabajo y que acelerará la mortalidad empresarial en un país en el que desde el mes de marzo hasta hoy han cerrado ya 100.000 empresas y tenemos 750.000 trabajadores en los ERTE, de los que prácticamente la mitad no van a volver a su puesto de trabajo.

Todo ello envuelto en un escenario macroeconómico que, lejos del utópico que dibujan los presupuestos presentados, se encamina a un cierre de 2020 con un retroceso de la economía del 14 por ciento, un déficit público del 12 por ciento del PIB, una deuda explosiva que superará el 115 por ciento y un paro próximo al 20 por ciento de la población activa. Indicadores arropados, además, por una prima de riesgo artificial.

Y con este panorama, más que de recesión de depresión, el Gobierno nos quiere hacer creer que va a incrementar la recaudación un 13 por ciento, hasta 255.631 millones de los que 222.107 millones de corresponden a los ingresos tributarios. Nos lo expliquen, si es que pueden.  Como también deben explicar cómo van a colar en la Unión Europea esos 236.331 millones de euros de gastos no financieros del Estado, un 41 por ciento más que en 2020, la mayoría destinados a gastos corrientes y que quieren disfrazar como inversión.

Y esto es lo que bajo la excusa de la utilidad y la moderación van a consentir Inés Arrimadas y lo que queda de Ciudadanos sin reparar, o tal vez sí, que lo que hoy no es útil para España, para las libertades, para el Estado de Derecho y para la seguridad jurídica de los ciudadanos y de las empresas es consentir mediante ese compadreo presupuestario o con su respaldado a un estado de alarma dudosamente constitucional el indulto a los golpistas catalanes, el acercamiento de los presos etarras, una ley de educación sectaria y de adoctrinamiento, el acoso a la Monarquía, el asalto al poder judicial, él atentado contra la libertad de prensa y el derecho a la información libre, perpetrado a través de ese llamado “comité de la verdad”, que no sino la resurrección de la censura franquista y de la Ley de Prensa de Fraga de 1966. Y todo ello a cambio de las migajas de no subir los impuestos al gasóleo.

Todo esto es de lo que se está haciendo cómplice Ciudadanos traicionando sus principios fundacionales y a sus votantes, cada vez menos y cada vez más desorientados, a cambio de las migajas de no subir la fiscalidad del gasóleo o de impedir que se consume la expulsión del español como idioma oficial en los colegios, en la aberrante y sectaria ley Celaá de Educación. Si es que finalmente lo consiguen porque más parece la zanahoria que les ha puesto Sánchez para que tiren de los Presupuestos y retirársela después, a mayor gloria de sus aliados independentistas.

Decía Inés Arrimadas en una reciente entrevista que le importan “un pimiento las encuestas”. A la vista está. Ni las encuestas, ni los españoles, mientras siguen, como en el tango de Gardel, cuesta abajo en la rodada.