La que fuera secretaria de dirección de Julio Corrochano cuando éste era el jefe de Seguridad del BBVA, Elena Martín Zurdo, reconoce en su declaración como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye la macrocausa ‘Tándem’, también conocida como escándalo Villarejo, que Cenyt trabajaba de manera ordinaria con el departamento de Seguridad de la entidad.

También ha declarado  que Corrochano ordenaba modificar el texto de los informes que recibían de Cenyt (empresa propiedad del comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo). Esos informes reescritos eran elevados posteriormente a sus superiores en la entidad bancaria.

Durante su declaración, que fue acordada por el juez a petición de la defensa del presidente de Ausbanc Luis Pineda (quien está personado como perjudicado en esta pieza), la secretaria ha reconocido la autoría de varios correos que se le han mostrado, y en concreto uno con fecha de septiembre de 2006 en el que bajo el asunto de ‘autorización anticipo’, Corrochano solicita 8.000 euros para «atender necesidades del servicio surgidas en el Área de Seguridad Especial».

Esas necesidades las relaciona con «el alto nivel de colaboración existente» con los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, y entre paréntesis especifica con la Comandancia de Tres Cantos y con el aeropuerto –donde era comisario entonces el imputado también en Tándem Carlos Salamanca–.

La exsecretaria de Corrochano también ha reconocido ante el juez que se hacían desde su departamento regalos a funcionarios de Policía: desde jamones a muebles de oficina.

La declaración de Martín ha tenido lugar en el marco de la pieza separada número 9 del ‘caso Villarejo’, en el que se investigan los trabajos que el comisario, en prisión preventiva desde noviembre de 2017, ha realizado para el BBVA

Según un informe de Anticorrupción de 2019, el BBVA, imputado como persona jurídica, en la época en que lo presidía Francisco González contrató al entramado empresarial del comisario jubilado José Manuel Villarejo para el desarrollo de servicios de inteligencia, «de naturaleza patrimonial y carácter ilícito», además de seguimientos personales y acceso a comunicaciones o documentación bancaria que, a su entender, supusieron «múltiples» vulneraciones de derechos fundamentales de varias personas.

La Fiscalía afirma que del análisis de la documentación en soporte papel y digital incautada en los registros practicados en el mes de noviembre del año 2017 y de la documentación aportada por BBVA se acreditaría que la contratación y los pagos presuntamente ilícitos a la mercantil Cenyt afectaron a varias áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado periodo. Y que alguno de los directivos investigados ha percibido dádivas del entorno del Grupo Cenyt por facilitar tales contrataciones.

Una de los trabajos más relevantes fue la denominada ‘operación Trampa’, el despliegue que orquestó supuestamente Villarejo para conseguir frenar el desembarco de la constructora Sacyr en el Consejo de Administración del banco.

En la pieza ya hay varios imputados, entre ellos ex jefe de seguridad del BBVA, Julio Corrochano –también excomisario de la Policía–, a quien el juez dejó el libertad bajo fianza de 300.000 euros. Y se investiga a otras ocho personas por delitos cohecho activo y revelación de secretos en relación a los encargos que la entidad financiera habría realizado bajo presidencia de Francisco González: la sustituta de Corrochano, Inés Díaz Ochagavia; el consejero delegado de BBVA hasta 2015 Ángel Cano; el jefe de grupo en el equipo de Seguridad del banco Nazario Campo Campuzano; y el director de Red Banca Comercial en la entidad Ignacio Pérez Caballero.

También están investigados el que fuera jefe de Riesgos para España y Portugal y después responsable de BBVA Real Estate Antonio Béjar González; el miembro hasta 2018 del Comité de Dirección de la entidad financiera Ricardo Gómez Barredo; y su ex director de Finanzas, Javier Malagón Navas.