Colecciono el libro amarillo que publica Hacienda como presentación de los Presupuestos Generales del Estado desde hace muchos años. Es cuestión de agradecimiento, porque hay tanta información en ellos que siempre te permiten descubrir algo nuevo y, no pocas veces, hasta chocante, porque no todo en Hacienda es árido. Si se me apura, el libro amarillo es un álbum fotográfico de todos nosotros, con la ventaja de que no delata las inevitables señales del tiempo. O sí.

Una de las funciones del libro amarillo es la delación. Cada año (salvo prórrogas, como era el caso hasta ayer) el retrato del Estado deja ver nuestras no muy sólidas líneas de fortaleza y, por desgracia, nuestras enormes flaquezas, que tienden a perpetuarse porque los Gobiernos son gestores del día a día y nunca están para reformas, y mucho menos, para cambios radicales.

Y mirando el magacín fiscal me he detenido en unos datos que parece que se les olvidan a todos los Gobiernos y que los funcionarios acaban metiéndolos como si fueran redactores fantasmas, espero que con la intención de que alguien reparemos en ellos y los saquemos a luz.

Me voy a referir al capítulo de Ingresos Consolidados del Estado, que un año más, también en 2021, serán una acusación explícita al Gobierno. Y no me voy a referir a lo ilusorio que pueda resultar el aumento de ingresos, que ya lo han hecho los que caminan  por lo trillado de la política inmediatista, sino a su estructura, que delata el porqué somos un país que no progresa adecuadamente.

Dice el libro amarillo que el 47,9 por ciento de los ingresos no financieros corresponderá el año que viene a cotizaciones de la Seguridad Social y cuotas de derechos pasivos, frente al 37,5 por ciento que obtendrá en concepto de impuestos. Otro 14,6 por ciento procederá de otros ingresos.

La existencia de más de 10 puntos de diferencia entre las aportaciones de cuotas y los impuestos es, sencillamente, una barbaridad para la economía de cualquier estado. Estamos diciendo, claramente, que la actividad económica soporta una carga muy superior a la exacción de los impuestos y que las empresas y los ciudadanos parecen no tener conciencia real de esta anomalía.

Es cierto que las organizaciones empresariales repiten como una cantilena  que hay que bajar las cuotas a la Seguridad Social, pero lo reclaman como algo de lo que hay que zafarse para que sus trabajadores les cuesten menos. Es una razón, pero no la más importante. Los trabajadores,  incluidos los inefables sindicatos, lo ven, más que nada, como parte de la anestesia fiscal, Borrell dixit, que suponen las retenciones de impuestos.

La anomalía estructural que evidencian los datos que he señalado apenas han cambiado en los últimos años porque cada Gobierno ha preferido dejar las cosas como están, cuando lo lógico es que la economía productiva (individuos y sociedades) aporten al erario lo que corresponda como consecuencia de sus rentas y consumos y no como generadores de productos y servicios. Las cotizaciones sociales son un impuesto ex ante, que resta sin saberlo, grandes posibilidades a la recaudación impositiva ex post, además de constituir un impuesto ciego, es decir, sin tener en cuenta las condiciones del contribuyente.

Cuando alguien se pregunte por qué no tenemos una actividad económica más moderna, más pujante, con más valor añadido y, por tanto, con mayor capacidad recaudatoria para el Estado, ya tienen la explicación. Este Estado prefiere cuotas contra la actividad económica a impuestos justos y equilibrados.

Tendremos presupuesto, pero la fumata no es blanca ni negra. Se queda en gris.