Por otra parte, el FMI considera que la introducción de un modelo mixto que combine un único tipo de contrato laboral con el establecimiento de un fondo individual para el recurso de los trabajadores en caso de despido o complemento de su jubilación, conocido como ‘mochila austriaca’, contribuiría de manera sustancial a la reducción de la dualidad existente en el mercado laboral español.

«La conclusión de la simulación es que la propuesta mixta de contrato único y un ‘fondo austriaco’ tiene el potencial de reducir significativamente la segmentación del mercado laboral en España, sin aumentar el coste del despido para las empresas ni reducir la protección del empleo para los trabajadores», argumenta en el análisis sobre el país.

La introducción solamente del contrato único podría ayudar a reducir la proporción de empleo temporal al mínimo, al tiempo que reduce los costes de despido para los empleadores, aunque, desde la perspectiva de los trabajadores, reduciría sustancialmente las indemnizaciones por despido previstas a lo largo de su vida laboral.

En cambio, un modelo mixto de contrato único más ‘mochila austriaca’ podría tener efectos similares sobre la dualidad del mercado laboral, pero permitiría a la mayoría de los trabajadores recibir indemnizaciones por despido más altas, mientras que los costes de despido para los empleadores bajo este modelo serían similares a los del sistema existente en 2011.

El FMI subraya la necesidad de reformas destinadas a reducir los costes legales y administrativos de los contratos indefinidos, especialmente las enfocadas a reducir las incertidumbres legales y administrativas del procedimiento de despido, incluyendo la simplificación de posibles causas para la nulidad y la diferenciación de las acciones correctivas entre motivos procesales y sustanciales.

Y que las políticas activas del mercado laboral deben centrarse en mejorar la empleabilidad de los jóvenes y los parados de larga duración. La introducción de medidas para mejorar la formación y para aumentar los incentivos a la movilidad laboral también podrían ayudar a que jóvenes y desempleados poco cualificados vuelvan al mercado laboral.

Una mejor coordinación entre las empresas y las Universidades y una mayor participación de las empresas en el desarrollo de planes de estudio para el sistema de formación profesional podrían impulsar el acceso al mercado laboral de los jóvenes graduados y satisfacer las necesidades de habilidades de los empleadores. Además, la mejora del aprendizaje permanente podría garantizar la adopción oportuna del capital humano existente a la demanda de habilidades en rápida evolución.

El FMI cree que la tendencia al alza en el uso de contratos de muy corta duración en España, especialmente entre los jóvenes y los trabajadores poco calificados, «justifica un análisis exhaustivo y medidas contra el abuso».

El plan del Gobierno para actualizar el Estatuto de los Trabajadores «es un paso positivo hacia la protección del bienestar de los trabajadores, pero debería apuntar a mejorar el bienestar social de éstos sin erosionar la competitividad de la economía».

La pandemia agudiza los problemas de acceso a la vivienda

El FMI también avisa que la Gran Reclusión puede agravar los problemas de acceso a la vivienda al comprimir los ingresos  en mayor medida que la posible caída de los precios del alquiler, una vez expiren las medidas de alivio temporal adoptadas por España, incluida la moratoria sobre desahucios. Esta situación puede afectar de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables, como los jóvenes, los hogares pobres y los migrantes, que a menudo alquilan.

La normativa es más ineficaz que en otros países europeos, por lo que el FMI plantea que se deben evitar tanto la protección excesiva del arrendamiento como la alta inseguridad jurídica para el sector inmobiliario con el fin de evitar efectos adversos en la oferta de viviendas de alquiler que intensifiquen los problemas de acceso.

El Fondo recomienda al Gobierno centrarse en las limitaciones del lado de la oferta, incluyendo como prioridades facilitar y simplificar la regulación del uso del suelo; acelerar los procesos de recalificación, especialmente para el desarrollo de viviendas asequibles; incrementar el stock de vivienda social en alquiler, focalizándolo principalmente en personas de bajos ingresos; mejorar la eficiencia de los procesos regionales de otorgamiento de derechos de arrendamiento y asegurar una buena infraestructura pública entre ciudades de rápido crecimiento.