Solo los tontos de remate tiran piedras contra su tejado, y puesto que no parece que Pablo Iglesias, vicepresidente de lo social, el presidente de su grupo parlamentario Jaume Asens y su portavoz Pablo Echenique, tengan un pelo de eso, vale interpretar la enmienda al Presupuesto que han suscrito y presentado con ERC y Bildu para prohibir los desahucios y los cortes de luz y agua como un instrumento geométrico, más ideal que real, para obligar al PSOE a escorarse a un lado u otro en la negociación presupuestaria.

A un lado están las formaciones de izquierda mencionadas. Su decisión de respaldar la toma en consideración del Presupuesto, votando en contra de las enmiendas de devolución planteadas por las derechas, ha provocado la ya consabida tormenta de improperios y barbaridades contra el presidente Pedro Sánchez. Por cierto, los primeros en tronar, esos tres varones regionales (Fernández Vara, García-Page y Lambán Montañés) que en su día lanzaron a Susana Díaz contra Sánchez a la secretaria general del PSOE, figuran entre los más beneficiados en el reparto de los caudales públicos. Pero ya se ve que digirieron mal la derrota interna y, como la propia Díaz y aquel Alfonso Guerra que tanto quería a Madina y también fue derrotado por el serio y laborioso Sánchez, no desaprovechan la ocasión de berrear su mal humor con el único fin de hacer daño.

Al otro lado están las formaciones más templadas, como el PNV, socio imprescindible del Gobierno, al que desagradan bastante las interferencias en las leyes del mercado, o como los liberales de Ciudadanos, que se declaran disponibles al mejor postor. Y, naturalmente, las minorías canaria, navarra, Teruel Existe y, en último extremo, el PP, para tumbar esa enmienda geométrica, avalada por Iglesias y presentada a traición, al margen del pacto PSOE-UP de formular conjuntamente todas las correcciones al Presupuesto.

La enmienda divisoria contiene el encomiable propósito de alargar la moratoria de los desahucios aprobada en marzo cuando se declaró el confinamiento domiciliario por la pandemia de coronavirus. Después se prorrogó hasta enero de 2021. Ahora se trata de impedir los desahucios de las familias más vulnerables hasta 2023, para lo cual, según fuentes de ERC citadas por el diario El País, tendrán que “doblegar y torcer la mano al PSOE”.

La encrucijada es muy interesante. Pero no solo para ver qué camino toman los socialistas, que, de suyo han adoptado alguna medidas y mostrado su disposición a poner coto a la voracidad especulativa de los grandes grupos que han entrado a saco en el mercado de los alquileres de viviendas y locales, y han conseguido redoblar la transparencia y fiabilidad de las hipotecas, sino, sobre todo, para comprobar la capacidad de maniobra de Iglesias. ¿Votará a favor de esa enmienda si el PSOE la rechaza? ¿Mantendrá la lealtad al Gobierno del que forma parte o el acuerdo con ERC y Bildu? ¿Qué habilidad desconocida en la naturaleza le permitirá soplar y sorber a la vez?

El Gobierno ha ofrecido a Iglesias abordar el asunto al margen del debate presupuestario que tendrá lugar la semana próxima y la siguiente en el Congreso. Se trata de evitar que la división de pareceres en la coalición de gobierno no se refleje en la división del voto y desemboque en la escisión. Pero la respuesta ha de darla él. Entre tanto, las derechas se frotan las manos. Lógico.