El título puede ser engañoso. No es una crítica a la nueva ley Celaa, que sin duda mejora la anterior si no una tarjeta roja a todos los políticos responsables de que desde la muerte del general sea la octava ley de educación que se legisla, y la mayoría, sobre todo cuando la han propuesto los socialistas, con mucho ruido en la calle.

Mientras en España hay leyes de larga vida y que están absolutamente obsoletas en tiempos de ordenadores y redes sociales, en el tema educativo parece que cada ministro tiene que dejar su impronta con una nueva ley (y como venos, de efímera vida).

Los que se llenan la boca con la palabra patriotismo y adoran con fervor el espíritu nacional son muy sensibles en los temas educativos. La educación parece que sólo les interesa como forma de adoctrinar a los niños con el amparo de unos viejos acuerdos con la Santa Sede (que ya sería hora de denunciarlos, unos privilegios fuera de tono en un estado constitucionalmente laico).

Volvamos a la enseñanza. Teóricamente tendría que ser una ley de Estado al margen del gobierno de turno y de la ideología imperante. Las enseñanzas básicas han de estar al margen de las ideas políticas. Aprender a leer y escribir, las reglas matemáticas básicas, los conceptos de geografía, de idiomas, de ética de física y química e incluso la historia de las religiones no son a estos niveles ni de derechas ni de izquierdas. (no cito la historia por que repasando textos en estos niveles de enseñanza es la madre de las grandes manipulaciones, a veces con un fervor patriótico difícilmente justificable).

Sin embargo hay muchos intereses en juego que impiden hacer una ley educativa duradera y que sólo los avances de las nuevas tecnologías propicien sus reformas. La educación de todos los escolares es un tema primordial para cualquier sociedad y ha de ser no sólo gratuita (en la medida que es gratuita en muchos centros concertados), mixta y socialmente integradora. Después los padres ya decidirán qué actividades extraescolares han de complementar la educación de sus hijos, pero estas han de quedar al margen de la actividad escolar.

Esta tarea de los legisladores, aparentemente sencilla, resulta a la hora de la verdad imposible por la falta de altura de miras de nuestra clase política y por el peso de unos poderes fácticos que parecen más interesados en adoctrinar a los niños que en educarlos. No es extraños que las fuerzas de la derecha y la ultra derecha ya anuncien no sólo recursos constitucionales al actual texto si no que la derogaran cuando ellos logren gobernar y mientras tanto la boicotearán en las comunidades donde les sea posible.

Con la iglesia (en el sentido amplio) hemos topado, aunque esto no lo dijera el ingenioso hidalgo.