La conselleria de Sanidad ha explicado que los recortes que se han realizado en la sanidad pública no han sido suficientes para “ahorrar” los 300 previstos y les faltan por cubrir 77 millones. Los responsables de la consejería piden al personal sanitario “nuevos sacrificios” y acepten una nueva reducción de sus salarios (ya vieron recortados sus sueldos un 5%), con lo que pretenden ahorrar con esta medida 45 millones de aquí a final de año. Los otros 32 saldrán de recortes en los servicios. Ya han anunciado que los grandes hospitales sólo tendrán abiertas las urgencias durante el puente de la Constitución. Este nuevo recorte representará una media de unos 1.300 euros para las 40.000 personas que trabajan en la sanidad pública (8 grandes hospitales y 450 centros de atención primaria).

El director general del Institut Català de la Salut (ICS) Joaquim Casanova explicó a Catalunya Ràdio aseguró que “en el 2011 hemos tenido que tomar medidas coyunturales, como la disminución de la actividad quirúrgicas que no se han de repetir los próximos años. Asimismo aseguró que los recortes salariales “tendrían que recuperarse lo que se haya perdido en los próximos años”. Acto seguido Casanova pidió que “espero que el hospital del Vall d´Hebrón no vaya a la huelga y haya y un ejercicio de responsabilidad por parte de todos”.

Precisamente el jueves el presidente de la Generalitat se dirigió al colectivo sanitario asegurando que los recortes son necesarios “porque la situación es la que es. Los países que no hacen los deberes acaban con reducciones brutales, o paramos la escalada de deuda o nuestro destino no será nada bueno”.

Acto seguido, y ante el anuncio de paros en los centros sanitarios, el president aseguró que “el problema de fondo, que es la situación financiera, no se resolverá con huelgas, ni tampoco paralizando los centros sanitarios y servicios de ambulancias”.

Por otra parte el Servei Català de la Salut ha atrasado el pago de la próxima factura de las farmacias, pasándolas a pagar a los cien días. Representantes del sector farmacéutico aseguran que ello les comporta un grave problema, dado que los medicamentos de las recetas de la seguridad social les representan el 80% de sus ingresos, y con esta prórroga en el cobro “no están seguros de poder asumir sus gastos financieros”.