El borrador del real decreto ley para la modernización de la Administración Pública y una ágil gestión del fondo de recuperación europeo ha levantado ampollas entre los sindicatos. Comisiones Obreras (CCOO) ha acusado hoy al Gobierno de plantear “una suerte de estado de excepción”, imponiendo a los empleados públicos más flexibilidad laboral sin que esos cambios se hayan negociado, y por la vía urgente de un real decreto ley.

“Somos conscientes del reto que como Estado enfrentamos. Y estamos en disposición de negociar y acordar en el espacio más breve de tiempo posible las medidas para afrontarlo con garantías”, clamó un portavoz de la central, tras conocer el borrador del denominado real decreto ley sobre medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que reordena algunos servicios públicos a fin de agilizar la ejecución de los 70.000 millones ligados al fondo Next Generation UE.

España tiene un mal historial a la hora de ejecutar los fondos europeos, recuerda el sindicato, muy enfadado por haberse visto orillado de la negociación de las medidas de adaptación de la Administración General del Estado (AGE) que plantea el Ejecutivo.

El proyecto de real decreto ley contiene una batería de medidas dirigidas a agilizar y simplificar la gestión de los fondos europeos para lo cual plantea cambios en asuntos tan sensibles, como las vías de colaboración público-privado, el control presupuestario, las normas de contratación del sector público y las de subvenciones o la evaluación ambiental.

Modificaciones dirigidas a simplificar los procedimientos y agilizar los plazos a fin de que España borre el estigma, y consiga aprovechar la inversión multimillonaria venida de Europa.

Colaboración público privada

El sindicato considera que estos planes del Ejecutivo suponen “un nuevo empujón a la privatización” de algunos servicios públicos, debilitados tras años de recortes y muy exigidos por mor de la pandemia.

También critica que el Gobierno, acuciado por el tiempo, no explore la vía de los consorcios, a fin de dar participación a comunidades autónomas y ayuntamientos en la gestión de los fondos públicos para la modernización de la economía.

Finalmente reclama la presencia sindical en los foros sectoriales de seguimiento de los planes o líneas maestras de la inversión; y no solo en un foro general de seguimiento adonde les relega el borrador del real decreto.

Falta de inversiones

Pero el mayor enfado del sindicato se centra en la falta de personal que, en su opinión, sufre la Administración Pública, y que el real decreto ley, lejos de remediar, podría contribuir incluso a empeorar, según explican.

“Faltan recursos humanos, falta inversión tecnológica y falta formación”, resumen. “De poco sirve apostar por un funcionamiento más ágil de la Administración, si no se la dota de medios suficientes”, opinan.

Y es que, según CCOO, el Gobierno apuesta por reforzar solo las unidades vinculadas directamente a la gestión de los fondos europeos de reconstrucción, pero a costa de detraer recursos del resto de unidades.

“Dicha estrategia puede colapsar aún más el funcionamiento de muchos servicios públicos, e impedir de facto la pretendida agilización que se busca”, advierten.

CCOO alerta por la situación de algunos servicios públicos “muy debilitados” debido en primer lugar a los recortes, y ahora a la pandemia. Y aunque no los cita, parece referirse, no solo a los servicios sanitarios, sino también a unidades de la Administración como la Seguridad Social o el Servicio Público de Empleo (SEPE), exhaustas por el esfuerzo frente a la Covid.

Finalmente la central considera “intolerable” que los cambios pretendidos por el Gobierno para ganar en agilidad, y que incluyen, según el sindicato, cambios en la movilidad, retribución o promoción de los funcionarios, se adopten de manera unilateral, y no de forma negociada.

Mayor flexibilidad

Según CCOO, el real decreto ley introduce cambios o desarrollos normativos en materias como movilidad del personal público, flexibilidad, cambio de jornada, reordenación de efectivos, reasignación de efectivos o atribución temporal de funciones extraordinarias.

Hasta el punto de que, según la central, el Gobierno estaría dictando “una suerte de estado de excepción en materia de provisión de puestos, movilidad, promoción o retribuciones”, concluyen.

“El sindicato actuará con la máxima firmeza y contudencia contra los que sería una grave agresión a los derechos de los empleados públicos”, advierten, tras instar al Gobierno a negociar dichos cambios.