La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) ha ganado la primera de la treintena de demandas interpuestas por inversión fraudulenta contra la firma de asesoramiento  Q-Renta que suman 2,5 millones€. El juzgado 25 de Barcelona condena a los administradores de la sociedad a indemnizar a un matrimonio de jubilados con 387.069€, a lo que hay que sumar los intereses de demora.

Los magistrados han visto acreditado que la firma captaba patrimonio de los inversores a los que supuestamente asesoraba de manera independiente para luego destinarlo a empresas del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) en las que sus gestores tenían intereses económicos.

Una suerte de “trilerismo financiero”, como define Fernando Gavín, abogado colaborador de Asufin  y autor de la demanda, que en la sentencia queda explicado así: “QRenta, S.A. procedió a contratar diversos productos del MAB, de riesgo muy elevado y gran complejidad incurriendo además en una situación de conflicto de intereses al estar la sociedad demandada y sus empleados directamente relacionados con los productos comercializados”.

La sentencia cita varios informes de la Unidad de Vigilancia del Mercado, órgano especializado de la CNMV, que prueban que Q-Renta llevó a cabo “manipulación en la cotización de los valores, en perjuicio de sus clientes” y que se “aprovechó de su condición de colocadora de productos en el mercado y su relación directa con las indicadas empresas del MAB”, como La Playa, Jomartau o Via Fora.

La operativa de QRenta “lesionaba de forma evidente los intereses de sus clientes al controlar la gran parte de la operativa de estos valores en el mercado”, por cuanto que, al margen del conflicto de intereses evidente,  “mantenía de forma artificial la demanda, la oferta y la liquidez, haciendo creer a los clientes de QRenta que se podían deshacer de estas posiciones”, cuando en realidad estaban invirtiendo en un mercado sin  prácticamente liquidez, demanda real ni alternativa cierta de recuperar sus inversiones.

“Este tipo de casos alerta de la facilidad con la que entramados financieros de tipo fraudulento pueden captar el patrimonio de pequeños inversores y escapar al radar de nuestros reguladores y supervisores del mercado. No podemos consentir que cuando las unidades de detección de fraude dan con el paradero de estos estafadores sea demasiado tarde para un buen número de inversores a los que no llegó ninguna señal preventiva de que iban a ser engañados”, declara Patricia Suárez, presidenta de Asufin.

El despacho colaborador de Asufin en esta causa, Justicia y Derecho, trabaja sobre 35 expedientes de afectados por Q-Renta y ya ha presentado 19 demandas al concurso de acreedores en el que se encuentra la firma de inversión. Hay inversores que reclaman cantidades superiores a los 200.000€, otros muchos, en torno a 60.000 y 18.000€, hasta sumar los 2.487.221€ que exigen todos los afectados que defiende Asufin por esta causa.