Incomprensible y frustrante se quedan cortos para calificar la intención del Gobierno de forzar una subida de impuestos en Madrid para contentar a un benefactor parlamentario catalán, aunque uno tiene la sospecha de que quien patrocina el atropello es, una vez más, el socio minoritario del Gobierno, es decir, Unidas Podemos.

Es chocante, por decirlo de forma suave, que los políticos de un partido que tiene a varios de sus dirigentes cumpliendo condena por sedición puedan predisponer al Gobierno del Estado contra una comunidad autónoma concreta por el hecho de que ésta administra a su leal saber y conveniencia un impuesto cedido por el Estado, en los términos que lo establece el Artículo 157. 1 de la Constitución todavía vigente.

Esta es precisamente la circunstancia que me hace pensar en que los separatistas catalanes no actúan por sí mismos, sino empujados por las oscuras maniobras de nada menos que un vicepresidente, que se permite actuar por libre en materia de pactos con grupos parlamentarios que por milímetros entran en la letra del modelo constitucional, aunque de facto actúen en contra del ordenamiento en cuanto se les presenta la ocasión.

En este contexto político, la enmienda totalizadora de ERC a los Presupuestos, con intención de que la Comunidad de Madrid  exija a sus residentes el Impuesto sobre el Patrimonio, no sólo tiene el tufillo de venganza respecto a lo que los dirigentes independentistas entienden por Madrid, sino que, los PGE no pueden ser legalmente la vía para llevarla a cabo. Y eso lo sabe bien el Ministerio de Hacienda.

El Gobierno debería plantear, en su caso, una Ley Orgánica que modifique la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), la Ley de Cesión de Tributos a las Comunidades Autónomas y las leyes respectivas de los Impuestos afectados. Sin excluir el riesgo de que se produzca un periodo de interinidad normativa ocasionado por el casi seguro recurso de inconstitucionalidad al que daría origen.

Y todo este desaguisado, ante una paupérrima argumentación de la enmienda “propuesta” por ERC, invocando la competencia desleal en materia fiscal que ejerce Madrid, que hacen extensiva al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, cuando Cataluña goza nada menos que de un derecho civil particularísimo y en él regula un derecho de sucesiones diferente al del Estado.

Si los sucesivos Gobiernos catalanes han incurrido en incompetencia plena es en materia fiscal y no hay que remontarse muy atrás, sólo hasta la operación de los bonos patrióticos de Artur Mas, emitidos con más pena que gloria para tapar agujeros de una Administración manirrota, que acumula, con diferencia, la mayor deuda de España y que más que dobla la deuda de Madrid. Esa es la incompetencia fiscal que hay que vigilar, no que una comunidad, cualquier comunidad, ajuste sus ingresos fiscales a lo que crea que le es necesario.