Imputación por sorpresa durante los interrogatorios de este jueves en la Audiencia Nacional. El juez José Luis Calama, que investiga la quiebra del Banco Popular, ha tomado la decisión de imputar a la directora de Auditoría Interna del Banco Popular, Yolanda García, que estaba declarando como testigo en la causa.

El juez ha interrumpido el interrogatorio de Yolanda García a los 20 minutos de empezar para comunicarla que se la incluye como investigada (imputada), en la causa, necesitando por tanto asistencia letrada

Es la primera persona que se suma a las imputaciones desde el año 2017, cuando el juez Calama admitió a trámite varias querellas dirigidas contra los expresidentes del Popular, Emilio Saracho y Ángel Ron, sus consejos de administración, el auditor externo y la firma PwC.

Procedente del Banco Pastor, Yolanda García entró en el departamento de auditoría del Popular en 2012, y en él ejerció sus funciones primero bajo el mandato de Ron, y después, ya en 2017, con Saracho. Estaba jubilada.

Desde el primer momento, el juez se ha centrado en la presunta concesión de préstamos a los clientes para que acudieran a la ampliación de capital de 2016, una práctica sobre la que tanto el equipo de Ron como algunos directores territoriales han negado que existiesen instrucciones u órdenes.

Yolanda García declara que su departamento controló cómo se habían producido las operaciones de venta, verificando que la comercialización de las acciones había cumplido con la normativa, y que los clientes estaban correctamente calificados y habían recibido toda la información. Pero no se analizaron las fuentes de financiación ni la posibilidad de que se les hubiera concedido créditos para comprar acciones, algo que «no estaba prohibido» siempre que se hiciera de forma correcta, descontándolos del capital del banco. Reconoce que, «a toro pasado»,  quizás sí que debían haber examinaron si hubo financiación de esa compra de acciones.

Tras el relevo en la presidencia, el nuevo equipo gestor liderado por Emilio Saracho impulsó la revisión de los estados del banco, incluidos los pormenores de la última ampliación de capital, lo que derivó en la reexpresión de las cuentas de 2016 esa primavera. Esa reexpresión hizo ascender a 3.611 millones€ las pérdidas de 2016, como informó el Popular al mercado el 3 de abril de 2017 en un hecho relevante en el que explicaba que esto causaría un impacto de unos 550 millones a recoger en los resultados del primer semestre.

Uno de los motivos mencionados en esa comunicación eran las «financiaciones a clientes que pudieran haberse utilizado para la adquisición de acciones en la ampliación de capital llevada a cabo en mayo de 2016, cuyo importe, si se verificara, debería ser deducido de acuerdo con la normativa vigente». Esas financiaciones se estimaban en 205 millones.

Yolanda García ha reconocido que a principios de enero de 2017 el que hasta entonces había sido su jefe, Jesús Arellano, le dejó una consulta en el ordenador de préstamos a clientes que habían comprado acciones, si bien ella lo consideró un «tema marginal». En ese momento, el el juez Calama ha interrumpido la comparecencia y ha informado a la testigo de que en los próximos días sería citada como investigada en el proceso.