El debate de los Presupuestos Generales del Estado ha entreabierto la puerta al estudio y la discusión pendiente sobre una reforma fiscal tan necesaria como largamente aplazada en nuestro país. ¿Con qué morro se podía calificar de “paraíso fiscal” a Gibraltar antes del Brexit por no aplicar unos impuestos de sociedades equivalentes al promedio de la UE, cuando las sociedades de inversión colectiva disfrutaban a este lado de la raya de unos gravámenes ridículos, del uno y dos por ciento, sobre los beneficios? Gibraltar era un paraíso fiscal y punto. Para los hacendistas de los gobiernos del PP no cabía otra calificación. Y lo mismo se puede decir de Holanda y Luxemburgo respecto a los demás países de la UE por ofrecer una fiscalidad mucho más ventajosa a las grandes multinacionales que hacen caja en el mercado europeo y no dejan ni una migaja al común.

Resulta que asimetría fiscal injusta y tramposa de algunos países de la UE respecto a sus socios es incluso menor, aunque igual de perniciosa, de la que se registra en el Reino de España entre autonomías en algunos impuestos. Descubrir ahora esa realidad es lo mismo que descubrir el Mediterráneo. Pero la simple mención de que, al fin, se va a constituir una comisión de estudio para abordar la materia, ha hecho saltar como un resorte a la presidenta de la Comunidad de Madrid, ese juguete al que da cuerda el propagandista y jefe de gabinete Miguel Ángel Rodríguez Bajón, y hacia el que el mismísimo José María Aznar López ha confesado sentir envidia.

La asimetría fiscal de Madrid, calificada de “paraíso fiscal” por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián Romero, se podrá califica de negativa, positiva, neutra, tramposa o con barbarismos diversos, pero es perfectamente legal y acorde con el sistema de impuestos propios, cedidos y compartidos. La política fiscal de la derecha que gobierna en Madrid desde hace 25 años obedece a una regla universalmente probada (menos impuestos igual a más recaudación), según la cual las personas físicas y jurídicas, como semovientes que son, se domicilian donde menos haya que pagar. Si vienen de Cataluña o de Sevilla, tanto da. Lo importante es que el trasiego no pare.

Si es dumping, trampa o asimetría el hecho de que Madrid eliminase hace años (Mandaba entonces Esperanza Aguirre Gil de Biezma) el impuesto del rendimiento del patrimonio (a mayor gloria de los Duques de Alba, por ejemplo), tanto da. Si los que en Madrid ganan más de 60.000 euros anuales se benefician de las rebajas introducidas en la cuota líquida del IRPF de hasta el 42% por el Ejecutivo autonómico, tanto mejor. Y si los que ganan hasta 160.000 euros tienen mayor rebaja todavía, miel sobre hojuelas. Los que no se benefician de esa prodigalidad son las rentas inferiores a 30.000 euros, es decir, la mayoría de los trabajadores.

Si es dumping o trampa o asimetría el hecho de que el Impuesto de Sucesiones y Donaciones sea simbólico en la ciudad de Madrid y más bajo en la región que en la mayor parte de España, mejor para los herederos. Y lo mismo se puede decir de otras figuras. El análisis de las tasas, por ejemplo, resulta significativo. Y más todavía si se trata de las tasas de los casinos, bingos y juegos de azar. Sólo en los impuestos mencionados (patrimonio, IRPF, sucesiones y donaciones) Madrid deja de ingresar (y de revertir al común) más de 4.000 millones de euros.

Las diferencias de trato fiscal a los españoles, según el lugar donde desvivan (vivir es desvivir la vida, decía Unamuno) generan agravios y niegan el principio constitucional de igualdad ante la ley. En este caso, sin embargo, la desigualdad la han generado las propias leyes fiscales y territoriales, largos años sin corregir. Su estudio y revisión debería provocar más apoyo que enojo de los patriotas y abanderados. Ya veremos.