Antonio Béjar, entonces jefe de Riesgos del BBVA, declara al juez que instruye el ‘caso Villarejo’ que el expresidente del banco Francisco González dio la orden de que se investigara a promotores inmobiliarios ante la sospecha de que estuvieran ocultando bienes para que no fueran embargados por la entidad.

Y que recibió la instrucción del propio Francisco González de que se contratara ese servicio con quien dijera el efe de Seguridad Julio Corrochano, que está imputado en la causa. El presidente del BBVA no mencionó en momento alguno que fuera Cenyt, una de las sociedades del comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo.

Aunque niega que se produjera ninguna ilegalidad en el contrato con Cenyt para investigar a los promotores inmobiliarios, reconoce que, dado que la orden venía del propio Francisco González, el contrato con el proveedor (la sociedad de Villarejo) no siguiera los cauces ordinarios, los protocolos internos habituales de contratación.

Béjar también ha indicado que el jefe de Gabinete de Presidencia, Joaquín Gortari, pidió que detectives estudiaran a los propietarios de una finca de El Escorial en la que estaba interesado Francisco González. Y que el coste de esa investigación, realizada también por Cenyt, la habría asumido el propio González, y no el banco.

El exdirectivo del BBVA declara que, una vez contratado el servicio de investigación con Cenyt, él recibía los informes sobre bienes ocultos de las empresas morosas, y dado que, estaba en el área recuperación de activos evaluaba, y decidía si la información era útil para emprender acciones por la vía judicial.

También explica que mantuvo un par de reuniones con el socio de Villarejo, Rafael Redondo, y que éste le comentó que el presidente de la empresa Cenyt era expolicía, por lo que imaginó que se encontraba en la misma situación que Corrochano (también excomisario).

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, investiga en esta pieza separada 9 del caso Tandem los encargos que realizó el BBVA a la empresa de Villarejo. La relación se habría prolongado durante 13 años con una facturación de unos 10 millones€.

Desde que se abrió la pieza, en diciembre de 2018, el magistrado instructor ha imputado a más de una decena de personas, incluido el propio Villarejo y al BBVA en calidad de persona jurídica, además de a exdirectivos de la entidad. También figura en la lista de investigados Julio Corrochano, expolicía y exjefe de seguridad del banco, que habría actuado como interlocutor para el desarrollo de los contratos.