La Vicepresidencia Segunda del Gobierno, en manos de Pablo Iglesias, ha alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que dirige José Luis Ábalos, que prohibirá los desahucios sin alternativa habitacional para las familias vulnerables mientras dure el estado de alarma.

No podrá realizarse un desahucio hasta que las autonomías ofrezcan otra vivienda «digna» alternativa para la familia afectada.

Se extenderá la prohibición de desahuciar al menos hasta el 9 de mayo, fecha prevista para el fin del estado de alarma. Hasta ahora, la paralización se limitaba hasta enero de 2021 y para situaciones de impago del alquiler por situaciones derivadas de la crisis del Covid-19. Ahora se extenderá a casos del vulnerabilidad generados antes de la crisis del coronavirus e incluye todos los supuestos, tanto los derivados de no poder hacer frente el arrendamiento como los hipotecarios.

La idea es que el decreto ley que extienda la imposibilidad de lanzamientos de población vulnerable se apruebe cuanto antes por el Consejo de Ministros. Establece que la condición de vulnerabilidad se concederá mediante los servicios sociales a través de un informe «vinculante», que los tribunales tendrán que solicitar «obligatoriamente» en el caso de que los afectados aleguen dicha vulnerabilidad.

En el caso de viviendas de «grandes tenedores», propietarios de más de una decena, se establece que las comunidades autónomas tendrán un plazo máximo de tres meses para buscar una nueva vivienda que permita residir a las personas afectadas.