El Ejecutivo comunitario ha mandado a las autoridades españolas y francesas un dictamen motivado, que es el segundo paso de los procedimientos europeos de infracción que abrió contra ambos países en mayo de este año.

España y Francia debe responder en un plazo de dos meses y el asunto podría acabar en la Justicia europea si Bruselas considera que no se ha corregido la situación.

El motivo del expediente es que ni España ni Francia han comunicado a la Comisión Europea la legislación nacional que transpone las normas europeas destinadas a proteger a los trabajadores de su exposición a sustancias químicas cancerígenas.

En concreto, la revisión de la directiva sobre carcinógenos y mutágenos debía ser trasladada al Derecho nacional de cada Estado miembro antes del 17 de enero de 2020. La normativa fija valores límite nuevos o revisados para trece sustancias cancerígenas, entre ellas el polvo respirable de sílice química cristalina, que es una de las principales causas de cáncer de pulmón.