El juez de la Audiencia Nacional que instruye la investigación sobre la quiebra del Banco Popular, José Luis Calama, lo ha vuelto a hacer. Como ya sucedió con Yolanda García Cagigao, directora de Auditoría Interna, ha parado la declaración como testigo del director de Admisión de Riesgos del Banco Popular Carlos Fernández para anunciarle que le volvería a citar en febrero pero como investigado.

El motivo de la imputación es que Carlos Fernández, como responsable de Admisión de Riesgos de la entidad, no veló por que se llevara a cabo algún tipo de medida para controlar que no se financiara a clientes para que adquirieran acciones durante la ampliación de capital de 2016.

Durante su comparecencia, ha sido preguntado por las tasaciones de los activos del banco y por las provisiones. Ha contestado que tenía poco conocimiento sobre esos asuntos aunque sí le constaba que había tasaciones que eran antiguas.

Tras dar por finalizado la comparecencia, el juez ha explicado a Carlos Fernández que cuando regrese en febrero como investigado le preguntará por lo declarado el martes 1 de diciembre por el que fuera vicesecretario del consejo de administración del Banco Popular Heraclio Peña. Éste señaló que Fernández le confirmó que recibió propuestas para financiación de acciones y que recordaba en particular una del Grupo Villar Mir. Calama ahora quiere conocer cuál habría sido el nivel de intervención de Fernández en esa operación.

El juez acordó el viernes 27 de noviembre imputar a otros cinco exdirectivos de la entidad por presuntos delitos de estafa a inversores o falsedad contable en relación a la financiación a clientes para que acudieran a la ampliación de capital de 2016, «ocultando el auténtico destino de la financiación a fin de evitar deducirla del capital regulatorio».