Las tarjetas opacas del rey Emérito vienen envenenadas

07/12/2020

Carmen Duerto.

Al hilo de los últimos movimientos realizados por el rey Juan Carlos es posible que, después de casi cinco meses expatriado en Emiratos Árabes, esté preparando su regreso, aunque no se sabe si temporal o permanente a España.
La fiscalía puede pasar los años, que no le sobran a don Juan Carlos, investigándole y su desenlace previsiblemente podría ser que no encuentren motivos para juzgarle, que los hechos hayan prescrito o que fueron cometidos cuando era inviolable. Sin embargo, el caso tarjetas tiene lugar siendo un rey abdicado, es decir, sin la protección de ser inviolable.
De las tres causas judiciales abiertas en España, por las que se le está investigando para esclarecer los presuntos dineros ocultos del rey Juan Carlos en fundaciones y paraísos fiscales, tan solo la última conocida, la del uso de tarjetas opacas que presuntamente pagaba un millonario mejicano ha sido la que parece que más le preocupa y ocupa. Y no es casual, es que los hechos supuestamente delictivos ocurren cuando ya no goza de la protección divina de la inviolabilidad. Y además, las tarjetas opacas también implican a algunos miembros de su familia.
Las otras dos causas abiertas pueden hacerlas pasar en el juicio público que hacemos los ciudadanos, como si fuera una cosa de la ambiciosa Corinna mientras don Juan Carlos era un inviolable Jefe del Estado y ambos mantenían una relación de amigos entrañables.
El caso tarjetas hay que detenerlo. El rey Emérito gasta generosamente por él y por toda su familia e incluso, supuestamente les hace partícipes de esta nueva mina ilimitada de gastar compartiendo con ellos tarjetas opacas que supuestamente se nutren con el dinero de un generoso y “altruista” amigo mejicano. Un millonario que casualmente hace negocios con otros íntimos del rey Emérito.
El periódico El País publicaba el domingo 6 de diciembre, que don Juan Carlos ha presentado una declaración complementaria voluntaria ante de la Agencia Tributaria española para regularizar su situación fiscal incluyendo los gastos de las tarjetas opacas. De ahí se deduce que la Hacienda española no había iniciado ninguna inspección en las declaraciones presentadas por el rey y de esa forma don Juan Carlos ha podido pedir voluntariamente una regularización y sólo se enfrentaría al pago con recargo y una multa, pero evitaría el delito fiscal penado con la cárcel al haber gastado más de 120.000 euros con esas tarjetas opacas. Si los inspectores de hacienda hubieran iniciado una investigación y se lo hubieran comunicado, no podría haber realizado ninguna regulación voluntaria.
Y precisamente esa supuesta regulación también podría acercarle a un previsible regreso a España. Hay que recordar que está siendo investigado en la Fiscalía del Tribunal Supremo por tres presuntos delitos, pero que aún no le han acusado de nada, que tiene permitida la movilidad por donde quiera y desee y que tiene derecho a la presunción de inocencia. Su previsible regreso no significa que sea definitivo porque aún está por resolver dónde podría vivir, descartado el palacio de La Zarzuela, que ha sido su vivienda oficial pero también es la sede de la Jefatura del Estado.
Y si por algún extraño motivo, tuviera que seguir fuera de España, la opción de Portugal está abierta. Siempre será menos mala que la de Emiratos Árabes, que se ha criticado desde el principio porque más que un traslado temporal de residencia, algunos miembros del gobierno de España han considerado que ha sido una fuga nocturna a un lugar poco apropiado. Del Golfo Arábigo han salido los supuestos maletines como pago de supuestas comisiones cuando don Juan Carlos era Jefe del Estado.
Y por cierto, los ciudadanos soberanos podemos estar conversando sobre los supuestos hechos irregulares de un hombre que debería encarnar en su persona la ejemplarizad, la ética y honestidad por ello se le regala la inviolabilidad porque hemos tenido la confianza en que lo era, pero los primeros que han tomado medidas contra él, han sido su propio hijo y actual Jefe del Estado y el gobierno.

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