Ciudadano Juan Carlos

10/12/2020

Maite Vázquez del Río.

“Todos los españoles son iguales ante la ley”, nos aseguraba un rey, Juan Carlos I, durante una de las cenas de Navidad, cuando su yerno y, su hija Cristina por extensión, estaban sobre la picota de la corrupción.

En aquellos años todavía su voz era escuchada y respetada. No podemos olvidarnos de algunas de sus frases lapidarias cuando nos advertía de que “rompemos los niveles éticos” con el afán de algunos de mejorar su solidez económica y social. Nos creíamos a pie juntillas los “niveles inexcusables de ejemplaridad de los que ocupan responsabilidades públicas” frente a la “corrupción que erosiona la convivencia”.

Juan Carlos I confesó que le gustaría que se le recordara como el que recuperó la democracia y la monarquía en España. Esas palabras fueron pronunciadas en 2013, en una entrevista que le hizo el desaparecido Jesús Hermida. Desde aquel deseo, han pasado siete años en los que le hemos visto pedir perdón a los españoles para, después abdicar un año después de aquella entrevista, el 2 de junio de 2014; en que hemos comprobado que la justicia es igual para todos porque su yerno, Iñaki Urdangarín entró en prisión el 18 de junio e 2018, y un año antes de que el Covid-19 nos intentara dejar mudos y aplanara nuestra voz con mascarillas, empezamos a descubrir que aquellas palabras no eran más que fachada, algo que era aplicable a los demás españoles, pero no a él, presuntamente.

El ciudadano Juan Carlos a día de hoy ya no tiene inviolabilidad, como si el tenerla -nos ha demostrado- sirviera para hacer, presuntamente, de España su cortijo y hacer y deshacer a su antojo. ¿Es que la inviolabilidad da la llave para defraudar, tener dinero en paraísos opacos sin declarar, cobrar comisiones por interceder en favor de empresas españolas, o nutrirse de tarjetas opacas de difícil rastreo…?

Cuando era rey, desde el Palacio de la Zarzuela se presionaba para que no se publicara nada sobre sus escarceos amorosos pese a que en los mentideros era vox populi, y bueno, decíamos es un Borbón y allá él con su vida privada. Pero dado que encarnaba todos los valores éticos que reclamaba a los españoles presuponíamos que lo de la corrupción estaba más ligado a la financiación de los partidos políticos que a la Jefatura del Estado. Una inviolabilidad que hasta creíamos que no necesitaba porque como la mujer del César “no sólo hay que ser honrada, sino parecerlo”. Y hete aquí que lo que nos parecía que era, no lo era, presuntamente.

La inviolabilidad no puede ser un escudo para delinquir. Hay que cumplir la ley, y pese a Isabel Ayuso, todos somos iguales ante la ley, incluido el rey con o sin inviolabilidad. ¡Si hasta lo había dicho el propio rey Juan Carlos! Lo que sí somos es inocentes mientras la ley no demuestre lo contrario. Y, de momento, el ciudadano Juan Carlos es inocente, pese a nuestra decepción cuando nos enteramos del uso de tarjetas opacas por parte de sus hijas o nietos; cuando ya es público que se ha confesado (reconocido) con Hacienda y ha regularizado su situación fiscal más apremiante (esas tarjetas opacas) pagando 678.393,72 euros. Pero no nos engañemos, no lo ha hecho porque tenga mala conciencia, porque nuevamente obró mal, porque se le pudo olvidar con tanta entrada y salida del hospital, y pida perdón a la Agencia Estatal, sino para evitar una causa judicial. Y pese a que nuestras mentes malpensantes nos lleven a sospechar que si ha declarado esa cantidad, qué no habrá detrás y cuánto nos quedaremos sin saber.

Y sigue siendo inocente mientras Corina le acusa, e inocente en las tres causas judiciales abiertas hasta ahora por su fortuna en el paraíso fiscal de Jersey, por las comisiones cobradas por el AVE a la Meca y por las cuentas en Suiza sin declarar.

No se trata de monarquía sí o no. Se trata de que desde el rey al último ciudadano registrado en España tiene que cumplir la ley, ciudadano Juan Carlos.

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