El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha anunciado este lunes que el Gobierno está estudiando introducir una tasa, a modo de penalización, para aquellas empresas que dan de baja los contratos de sus trabajadores durante los fines de semana para volverlos a dar de alta el lunes con el objetivo de ahorrarse el pago de cotizaciones a la Seguridad Social.
Durante su intervención en un desayuno ‘online’ de Nueva Economía Fórum, Escrivá ha subrayado que se trata de una práctica «intolerable», que también se realiza en los meses de verano, «que no debe aceptarse y que claramente se va a penalizar».
«Vamos a establecer una tasa por las bajas de contratos. Estamos estudiándolo», ha señalado el ministro, que ha explicado que el sistema actual, que permite dar de alta y de baja contratos de manera ágil, está posibilitando estos usos «no aceptables», que llevan asociada una pérdida de protección a los trabajadores al no pagarse las cotizaciones correspondientes a los fines de semana.
Coste de los ERTE: 30.000 millones
Por otro lado, Escrivá ha afirmado que todo el esquema de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) puesto en marcha para paliar los efectos de la pandemia tendrá un coste este año de 30.000 millones de euros, y no ha querido cifrar el gasto que este mecanismo supondrá en 2021 porque dependerá de muchos factores, entre ellos por cuánto tiempo se prolongan los ERTE una vez finaliza su actual vigencia, que alcanza hasta el próximo 31 de enero.
En todo caso, ha señalado que en enero se volverá a discutir con los agentes sociales sobre el marco de los ERTE y su posible extensión, momento en el que ya se podrán tener en cuenta además algunos datos sobre las vacunas contra el coronavirus.
Sobre el plan para ayudar a la hostelería en el que trabaja el Gobierno, el ministro no ha querido entrar en muchos detalles pero sí ha avanzado que contendrá medidas fiscales y exoneraciones en el pago de cuotas a la Seguridad Social.
Hay migrantes con libertad para moverse donde tengan mayor arraigo
Por otro lado, el ministro José Luis Escrivá ha asegurado este lunes que hay migrantes «con libertad de movimientos» que pueden trasladarse a lugares en los que consideren que tienen mayor arraigo o más oportunidades para establecerse.
Escrivá respondía así, durante su intervención en un acto online de Nueva Economía Fórum, sobre el traslado de personas extranjeras de Canarias a la Península, en concreto a Granada, y las críticas surgidas desde las instituciones locales que, según han asegurado, no fueron informadas de esta medida.
El responsable de Migraciones ha señalado que existen personas de las que han llegado al archipiélago que «tienen documentación» e «incluso recursos económicos» que les ayudan en su «aspiración para moverse hacia otros sitios» dentro de Europa, «donde creen que tienen mayor capacidad de arraigarse y establecerse».
«Esta es la dinámica en la que estamos y estamos gestionando», ha declarado el ministro, antes de pedir a la sociedad que vea esta situación en este contexto.
En su intervención ha reconocido que, en la actualidad, el Gobierno está en unas «condiciones difíciles» para retornar a los migrantes que llegan al país, pero también para «mantenerles» en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), ya que «los jueces no lo permiten», teniendo en cuenta que «la privación de libertad» para los extranjeros está «muy acotada» y no se permiten más de 70 días en estos lugares.
Atención a los vulnerables
El principal handicap a este proceso, ha declarado, es la pandemia que ha provocado el «cierre de fronteras» de aquellos países con los que España tiene convenios de repatriación y también porque la crisis sanitaria está generando a estas personas una mayor «ansia» de buscar una vida mejor en Europa.
Para Escrivá, la situación migratoria actual es «sobrevenida asociada al pandemia» y, por ello, es «compleja» en su gestión. En este sentido, ha explicado que, en las competencias que corresponden a su departamento, se ocupan de las personas más vulnerables, que son en torno al «15%» de las llegadas, y que son principalmente solicitantes de asilo, mujeres, enfermos o menores.
Para ello, ha indicado, se están «usando hoteles disponibles» y se están creando «una serie de campamentos transitorios» donde se les van a alojar «a partir de las próximas semanas» en «condiciones dignas» y «hasta que puedan ser retornables».
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