Montoro ha desgranado en una intervención pública las principales reformas a las que debe hacer frente la economía española en el futuro más inmediato dando por seguro que será el PP quien las dirija desde el nuevo Gobierno que surja de las urnas. “¿Se han dado cuenta de que no he hablado en absoluto del Gobierno actual?” preguntó retóricamente a su auditorio para dejar claro que no considera en absoluto una posible derrota electoral.

Las reformas a acometer son las siguientes: sector bancario, sector público, reforma tributaria, laboral, reforma del mercado interior, de los reguladores y supervisores, y liberalización en energía, transportes, telecomunicaciones y servicios a las empresas.

Después de hacer un diagnóstico de la situación de la economía española de pérdida de competitividad, déficit por cuenta corriente, elevado endeudamiento exterior e importante crecimiento del paro, Montoro señaló como hitos importantes de los últimos tiempos el pacto entre el PSOE y el PP para la reforma de la Constitución que ‘consagra’ la estabilidad presupuestaria como un eje básico de la política económica y debería dar garantías de que “España es un país defensor del euro”.

A partir de ahí el dirigente del PP señaló que es urgente completar la reforma del sector  bancario, que ha sido lenta y perezosa hasta ahora en su opinión, acometiendo el saneamiento de los balances de las entidades  ajustando el valor de los activos de los mismos a los precios de mercado. Montoro señaló que este saneamiento “debe hacerse con recursos públicos” pero que, según él, eso no debe significar que lo paguen los contribuyentes. Es decir es partidario de que las ayudas se devuelvan una vez que las entidades se saneen y generen beneficios. Para el PP es “inevitable” una nueva oleada de fusiones en el panorama bancario español.

Respecto a la reforma del sector público el responsable económico destacó el acuerdo sobre estabilidad presupuestaria alcanzado diciendo que eso implica que sea el referente a tener en cuenta al acometer las reformas. Dijo no ser partidario de devolver competencias al Estado sino de que quede claro “quién hace qué cosas” afirmando que deben ser los ayuntamientos, por su cercanía, quienes desarrollen las políticas sociales.

El PP descarta en todo caso subir los impuestos importantes para sortear el desequilibrio presupuestario actual “porque ello perjudicaría al consumo y la inversión y por lo tanto al crecimiento económico que es lo que crea empleo”. De lo que se trata, según Montoro, es de “ensanchar las bases imponibles” y de “fomentar el ahorro familiar y empresarial, siempre que éste último se canalice hacia la inversión”. El PP volverá a implantar la deducción por compra de la primera vivienda, con topes, “porque eso es una inversión y además favorece la trasmisión del patrimonio de unas generaciones a otras”. En este capítulo reiteró la idea de que las empresas paguen el IVA cuando lo hayan cobrado y que se puedan compensar las deudas de la Administración con el pago de impuestos.

Montoro señaló que en materia laboral lo inmediato es modificar la negociación colectiva de forma que “se acerquen las revisiones salariales a la realidad de las empresas” y que para ello hay que fomentar los convenios de empresa y dar facilidades para que las empresas puedan ‘descolgarse’ de los convenios generales con mayor facilidad que ahora.

En el terreno de lo inmediato, Montoro no quiso concretar nada sobre pensiones y salarios del personal de la Administración, en línea con lo dicho por Mariano Rajoy el lunes. “Vamos a recibir una herencia y la vamos a gestionar”, señaló, añadiendo que “las previsiones de crecimiento económico del Gobierno para este año y el siguiente no son creíbles” y que por lo tanto habrá que hacer unas más acordes con la realidad y a partir de ahí ver qué se puede hacer en los presupuestos. En su intervención, no obstante, Montoro afirmó que “los platos rotos no los pueden pagar las clases sociales  que no tienen capacidad para ello”, aunque no concretó nada más allá de esa afirmación.

El representante del PP fue especialmente duro con el Gobierno por la privatización parcial de Loterías, prevista para mediados de octubre, y con la de los aeropuertos de Barajas, El Prat y en general AENA. Pidió que se pararan ambas operaciones “porque no se hacen con prisas y a pocas fechas de una elecciones”, y advirtió que se va a estudiar si ha habido malversación de caudales públicos y hechos similares.

Por último, se mostró contrario de nuevo al pacto entre Sacyr y Pemex para aunar sus votos en Repsol por entender que se trata de un sector industrial sensible “al que todos los países miran con especial cuidado” en lo que se refiere a los movimientos accionariales que se producen.