Dando por sentado que las disputas entre las distintas facciones del Gobierno por la subida del Salario Mínimo Interprofesional no son más otra nueva dispuesta por el poder y por la propaganda, es de justicia reconocer que cuando en los Presupuestos Generales del Estado se ha incluido un aumento del 0,9 por ciento en las retribuciones de los funcionarios y los pensionistas debería ser obligado hacer lo mismo con el SMI. Sin embargo, también es justo y de sentido común acomodar las medidas sociales a las circunstancias económicas y sociales y a los recursos del Estado, y los números, que como el algodón no engañan, muestran que la situación de nuestra economía y de nuestras empresas sigue en la UVI y no está para alegrías.

Esta misma semana nos hemos enterado de que mientras el PIB del G-20 crecía un 8,1 por ciento en el tercer trimestre de este año, un avance récord, y el del conjunto de los países de la OCDE lo hacía en un 9,1 por ciento, el de España caía nada más y nada menos que un 16,7 por ciento. Hundimiento que contrasta también con el crecimiento de los países más próximos de nuestro entorno como Francia e Italia que para el mismo periodo registraban subidas del 18,7 y del 15,9 por ciento, respectivamente.

Pero hay más, el Banco de España nos ha confirmado que un 10 por ciento de las empresas españolas se encuentran ya en riesgo de liquidación y no pasarán de 2021, mientras que los datos de la actividad de fusiones y adquisiciones en nuestro país muestran un descenso del 22,6 por ciento durante la pandemia hasta sólo 1.812 operaciones.

Desplome que se acompaña del fuerte crecimiento de las desinversiones de las empresas españolas en sus filiales en el extranjero hasta alcanzar una volumen de 22.024 millones de euros, un 118 por ciento más que en 2019, entre las que destacan la salida del BBVA de Estados Unidos.

Y si hablamos de empleo, las cifras oficiales elevan ha 700.000 el número de españoles que han ido al desempleo en lo que va de año, lo que sumado a los autónomos que se encuentran en situación de cese de actividad por cierre de negocio nos coloca ya en la realidad de más de cinco millones de inactivos, un millón por encima de los parados que reconocen las cifras oficiales.

Y, para terminar, un dato. El próximo1 de febrero se terminan los expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTE, a los que están acogidos 800.000 trabajadores españoles de los que más de la mitad van a ir a engrosar la nómina del paro y que se sumaran a la, ya de por sí, dramática cifra que hoy tenemos.

Esta es la situación y estos los datos, y a la hora de decidir sobre cuestiones como el SMI, las posibles indemnizaciones por desahucios y otras ocurrencias podemitas, habría que sopesar si con las cartas que jugamos se pueden lanzar estos órdagos. Salvo que en un arranque de solidaridad y de vergüenza el Gobierno decida rebajarse el sueldo, como han hecho en otros países, o reducir el número de ministerios y de tantos asesores y amiguetes enchufados en cargos innecesarios o creados expresamente para ello. Pero eso, con esta tropa, ni está en sus manuales ni se espera.