Gráfico: Fedea

Fedea, la fundación de economía aplicada, echó hoy un jarro de agua fría sobre el diagnóstico que comparten en materia de pensiones el Gobierno y los grupos parlamentarios que forman la comisión del Pacto de Toledo. La Fundación, a través de un informe que lleva, entre otras, la firma del que fuera economista jefe de Comisiones Obreras, niega que España se encuentre en mejor posición que sus socios europeos en gasto relativo; alerta sobre la desproporción de las pensiones respecto a los bajos salarios españoles; y pide ajustes automáticos del gasto con el fin de que los pensionistas actuales y los más jóvenes compartan el sacrificio que exige el saneamiento del sistema público de pensiones.

El informe lleva la firma de Ángel de la Fuente, director de Fedea, y de los economistas Alfonso R. Sánchez Martín, y Miguel Ángel García Díaz, este último protagonista de un sonoro desencuentro con el sindicato Comisiones Obreras cuando formó parte, en 2013, de un grupo de expertos reclutado para aconsejar al Gobierno de Rajoy en su polémica reforma de pensiones.

Los tres economistas de Fedea llegan a conclusiones demoledoras en su estudio de la situación actual y futura del sistema de pensiones, que se encuentra hoy en los primeros compases de la jubilación de la masiva generación de baby boomers.

Atacan en primer lugar el diagnóstico del actual ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien asegura que el agujero contable del sistema es “manejable”, y se ha mostrado partidario de soluciones como incentivar la permanencia en el mercado de trabajo y aliviar de los denominados gastos impropios a la Seguridad Social.

Fedea en primer lugar considera que estos gastos impropios apenas representan la cuarta parte del total del déficit previsto del sistema de pensiones; una cantidad que cifran en 4.700 millones de euros, y que según los planes del Gobierno y los consejos de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, pasarían a financiarse con impuestos y no con cotizaciones, como hasta ahora. Una estrategia de saneamiento, en opinión de Fedea, que puede incluso “ser contraproducente” al trasladar el problema a “otro sitio donde será más difícil abordarlo”.

Pero además los tres economistas repudian otro de los argumentos sostenidos por el Ejecutivo, y, en particular, por el ministro del ramo, José Luis Escrivá, en relación a la posición relativa de España en relación con sus socios europeos en la proporción de gasto sobre el PIB en pensiones. Los investigadores consideran que, si se tiene en cuenta el grado de envejecimiento de la población, el nivel de gasto de España se sitúa en realidad “casi dos puntos de PIB por encima de la media europea”.

“Porque nuestras pensiones están entre las más elevadas de la UE en relación con nuestros salarios”, argumentan, antes de abogar por controlar un nivel de gasto que, según estiman obligaría, en ausencia de reformas, a inyectar cada año y “durante décadas” entre 3,2 puntos y 5,2 puntos del PIB, a fin de tapar la vía de agua; una cantidad formidable que supone, con datos del 2019, entre un tercio y más de la mitad de total de ingresos tributarios del Estado.

Los economistas tiran incluso de ironía para dibujar un panorama distinto al de sus proyecciones, donde sí se cumplirían las previsiones gubernamentales, y que debería estar marcado por una llegada constante y sostenida de “inmigrantes bien formados” y un “rápido crecimiento de la productividad”; dos factores cuyo cumplimiento se antoja hoy difícil.

Recortes automáticos e inmediatos

Los investigadores abogan por repartir la carga entre las actuales generaciones de pensionistas y los más jóvenes, bajando las pensiones, sobre todo en relación con los actuales niveles salariales en España.

En primer lugar, defienden endurecer los diversos parámetros que se utilizan para calcular el importe de las pensiones; como el período de contribuciones que se tiene en cuenta, hoy fijado en 22 años, y que, aunque crecerá hasta los 25 años en 2022, debería abarcar toda la vida laboral.

También piden recuperar la ligazón entre la cuantía de la pensión y la esperanza de vida, tal y como se preveía en la reforma de 2013 con el llamado factor de sostenibilidad, hoy arrumbado, con la única excepción de las “ocupaciones de mayor penosidad”.

Finalmente, los economistas reclaman que las pensiones dejen de revalorizarse anualmente de acuerdo al IPC, y pasen a hacerlo mediante una fórmula que tenga en cuenta la situación financiera del sistema, aunque de forma “menos drástica” del IRP previsto en la reforma de 2013, que limitó los avances al 0,25% anual en el peor de los casos, de forma que se fije “un límite máximo a la pérdida acumulada de poder adquisitivo” que deberían asumir los pensionistas.

También en este caso prevén los economistas una excepción, en el caso de las pensiones mínimas, donde sí debería conservarse el vínculo con el IPC, subrayan.