El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de casación presentado por Bankia contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid del 4 de mayo de 2017 que declaraba por primera vez que el Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios (IRPH) era nulo.

Esta sentencia fue la primera sobre IRPH ganada a favor de los consumidores en la Audiencia Provincial de Madrid, de modo que esta admisión contrasta con las primeras 40 providencias emitidas por el Supremo para dar carpetazo a los asuntos de IRPH desfavorables para los consumidores.

El caso fue ganado en 2016 en el Juzgado de Primera Instancia número 71 de Madrid, que determinó la nulidad de la cláusula IRPH Entidades y la sustituyó por Euribor.

El magistrado destacó en la sentencia que «la trascendencia de la falta de información viene acrecentada por el hecho de que el IRPH se ha situado siempre por encima del Euribor, lo que ha implicado que los consumidores paguen una mayor cantidad de intereses que en el caso de que se hubiese aplicado el Euribor». Un año más tarde, la sección 13 de la Audiencia Provincial de Madrid ratificó el fallo.

Asufin, que representó a los clientes en esa demanda, considera que esta decisión deja a miles de consumidores desamparados. Para la presidenta de la asociación, Patricia Suárez, el Supremo debería aclarar de una vez por todas cuántos asuntos de IRPH tiene encima de la mesa y si va a favorecer a la banca admitiendo a trámite sus recursos y dejando fuera los de los consumidores.

Recuerda que el juez del Juzgado número 38 de Barcelona, José Francisco González de Audicana, ya ha presentado una nueva cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), en la que insta a aclarar mejor las circunstancias que rodean al IRPH, dada la «profunda división» que existe aún entre los jueces españoles.

Por ello, Asufin pide al Tribunal Supremo la paralización de todos los asuntos de IRPH hasta que el TJUE vuelva a pronunciarse. Y avisa que presentará una denuncia en Europa para poner de manifiesto la arbitrariedad del Supremo en la jurisprudencia bancaria en los últimos 10 años.