Hay debates obligados que aportan muy poco a la solución de los problemas, como el del miércoles sobre la evolución de la pandemia en el pleno del Congreso, y debates inconsútiles que no aportan absolutamente nada, como el que insisten en montar unos y otros sobre la monarquía para hacer ruido, salir en los medios de comunicación y, de paso, deteriorar a una institución del Estado que, como todas las demás, ya se deteriora por sí misma.

Sabido es que en España las fuerzas políticas de izquierda son republicanas y que asumieron y defendieron la monarquía parlamentaria hace más de cuarenta años porque antepusieron el bien superior de la democracia y los derechos humanos (y sociales) a todos los demás. El PCE de Santiago Carrillo dijo sí al Rey a cambio de su legalización y, por simplificar, el secretario general del PSOE, Felipe González, le aseguró que si la monarquía no arremetía contra los socialistas, los socialistas tampoco arremeterían contra ella. Desde entonces la lealtad ha sido inquebrantable y se ha demostrado positiva para todos.

Eso no quiere decir que la monarquía no sea una excepción democrática. Incluso una excepción machista si se considera la primogenitura del varón reinante, Felipe VI el preparado. Cierto es que tampoco habría sido edificante para la institución un rey consorte como el joven Marichalar, nieto del ministro de la Guerra de Alfonso XIII cuando “la carne de gallina” era tan cara que provocó la de Silvestre: matanza de reclutas también conocida como el desastre de Annual.

La Constitución de 1978 consagró la monarquía, aun cuando la mitad del grupo parlamentario de Manuel Fraga (Alianza Popular) votó en contra y se abstuvo. Fraga, padre de la Constitución y fundador del PP actual, las pasó canutas para que su partido aceptara el “si” en el referendo. Pero con la promesa de modificar el sistema autonómico sacó adelante la resolución positiva del partido y justificó con “el voto en conciencia” la quiebra de su grupo parlamentario. Entre los que se abstuvieron figuraba el riojano Álvaro Lapuerta, benefactor del joven José María Aznar y gran recaudador de “donativos” para el partido. No es extraño que Aznar le designara tesorero nacional y acabara procesado en la trama Gurtel. En paz descanse.

El republicanismo del Partido Socialista forma parte de su cultura democrática y figura como aspiración en su programa máximo. Pero los socialistas son conscientes de lo que no interesa a la sociedad española: enredarse en viejos problemas en vez de ir resolviendo los que tienen delante, que no son menores. De ahí su rechazo a la iniciativa de sus socios de Unidas Podemos de montar una comisión de investigación parlamentaria sobre los trapicheos y la fortuna del rey emérito. Y su respeto a las decisiones de la Casa Real en lo atinente a la vida privada de sus miembros.

Cierto es que el jefe del Gobierno y dirigente del PSOE, Pedro Sánchez, siempre estará en desventaja a la hora de defender su posición, separando a las personas de la institución, pues las dinastías suelen ser infecciosas, pero todo el mundo entiende que aunque haya uno, tres, diez o más diputados corruptos no por ello hay que liquidar el parlamento. Sosiegue pues Iglesias a sus capellanes y ordene cordura en sus capillas.

Más allá del ruido, el Congreso servirá el próximo 24 de diciembre para una iniciativa que permitirá mostrar y demostrar que hay problemas más sentidos y acuciantes en la sociedad española que los derivados de las debilidades de un rey emérito. Por ejemplo, “las colas del hambre”. Una fila más o menos larga de personas necesitadas se formará en Nochebuena ante el templo de la soberanía nacional para recibir la comida que el padre Ángel y su organización, Mensajeros de la Paz, les suministrará en fecha tan señalada con el deseo de una feliz Navidad. Pues eso.