El ministro José Luis Escrivá anunció esta semana que se están buscando fórmulas para acabar con la «intolerable» práctica de muchos empresarios de despedir a sus empleados el mes de vacaciones, puentes, festividades… y el fin de semana para volver a contratarlos el lunes, con el fin de ahorrarse las cotizaciones sociales. Se trata de un uso que se ha convertido en costumbre y que afecta de lleno a la diezmada financiación de la Seguridad Social, pero también sumados todos los días afecta de lleno a los derechos de los empleados afectados de cara a su futura jubilación.

El desmadre es tal desde hace años, que la propia Seguridad Social ha tenido que buscar «medias mensuales» de afiliación ante la hecatombe que supone cada final de mes en las estadísticas, que desfigura la realidad.

Pues bien, Escrivá ha dado un golpe sobre la mesa y lo que se pretende prohibir o poner tales trabas para que no se haga va a afectar de lleno a la temporalidad en España porque son los contratados temporales los afectados por esta práctica usurera de los empresarios y, paralelamente, un freno para corregir el mal endémico del mercado laboral español: la temporalidad. Es inaceptable que en tiempos de bonanza económica la temporalidad siempre afecte al 30% de los trabajadores en activo.

Tal vez sea otro gobierno socialista, aliado a uno comunista, el que restaure la situación que otro gobierno socialista liderado por Felipe González que aprobó su más polémica reforma laboral, que hacía aterrizar con todas las garantías legales la temporalidad en España. Fue el 9 de octubre de 1984 cuando Gonzalez pactó con CEOE y UGT abrir las puertas a la contratación temporal, que luego se ampliaría el 13 de junio de 1994 con la reforma laboral más intensa del mercado laboral español.

Decían en 1994, en plena crisis económica (otra más) que «la peor basura es el paro» cuando los dirigentes sindicales tachaban la nueva figura de contratación (de aprendizaje) como «contratos basura». Esta periodista que les escribe llegó a preguntar años después al ex ya presidente González si se arrepentía de aquella reforma, pero se limitó a contestar que el paro era tan elevado que obligó a hacer así las cosas. Vamos que mejor contratos de pocos meses, semanas, días u horas que nada. Sin embargo, una vez superadas las sucesivas crisis, esta contratación se ha mantenido y nadie la ha eliminado o acotado en los 36 años que han pasado. En ningún país europeo se constata tanta temporalidad legalizada.

Lo cierto es que con el paso del tiempo la figura se ha distorsionado de tal manera que bajo el epígrafe de «temporalidad» cabe todo lo que suponga ahorrarse, aunque sea un céntimo a costa del trabajador, que no estando fijo en plantilla se encuentra al albur de la cuenta de resultados de la empresa.

Ahora Escrivá quiere poner coto a tanto desmadre porque las cuentas de la Seguridad Social tampoco le salen. Este jueves mismo conocimos que la deuda del sistema público de pensiones se encuentra en máximos históricos: 77.104 millones de euros. La temporalidad sigue haciendo estragos en las cotizaciones, no solo el paro.

El titular de la Seguridad Social parece optar como solución por penalizar estas prácticas. Ya se sabe que en España la única forma de tomarse las cosas en serio es que te multen, vamos que salga más caro hacer lo «intolerable» que lo correcto. Por eso Escrivá adelantó que se va a fijar una «tasa» por las bajas de los contratos. Sólo falta diseñar la fórmula de penalización.

El objetivo es luchar contra la temporalidad y el alto grado de rotación de los contratos en España. Y no solo se va a echar mano de la penalización, sino que Escrivá también quiere revisar el «nicho» de contratos temporales que existen en sectores con tanta temporalidad como la educación y la sanidad, donde está demostrado que no se necesitan tantísimos contratos temporales, sino trabajadores fijos.