La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha confirmado hoy que el Ejecutivo desea ampliar la base de cálculo de las pensiones, una modificación que lleva normalmente aparejada una rebaja de la prestación, y a la que se oponen tanto los miembros de Unidas Podemos del propio Ejecutivo, como los sindicatos.

Calviño confirmó este lunes la intención del Ejecutivo de estudiar una nueva ampliación del período utilizado para calcular la pensión, aunque el Ejecutivo abriría las puertas a que los trabajadores pudieran eliminar de ese período los peores años de cotización, matizó la vicepresidenta en una entrevista en La Sexta.

Sin embargo, a pesar de esta ventaja, nadie duda de que la intención final del Ejecutivo es rebajar la factura del gasto en pensiones, después de casi una década en ‘números rojos’, que el año pasado rondaron los 15.000 millones, y en vísperas de que se inicie la jubilación de la muy numerosa generación del baby boom a mediados de esta década, circunstancia que añade presión a una reforma muy complicada en términos políticos y sociales.

Incluso parte del Ejecutivo se niega a discutir un cambio como este que, según los cálculos del Ejecutivo, podría rebajar el gasto en pensiones en torno al 5,4% anual, tal y como figura en un documento interno del Gobierno avanzado por El País; reforma a la que se oponen igualmente los sindicatos.

En 2023 terminará de desplegarse la reforma de pensiones de 2011, que amplió precisamente este período de cómputo de 15 a 25 años, a razón de un año adicional desde la entrada en vigor de la reforma.

Calviño evitó hoy dar cifras, pero, según el documento interno del Ejecutivo, se estaría planteando un nuevo incremento de ese período de cálculo, desde los 25 años hasta los 35 años.

El Ejecutivo tiene prisa por aprobar una nueva reforma de pensiones, que achique la cuantía de su déficit, a fin del calmar el descontento de Bruselas en este sentido y lograr que la Comisión Europea libere los fondos comprometidos para salvar la economía golpeada por la pandemia.

“Tenemos que explorar todas las alternativas”. “Me consta que el ministro Escrivá ha planteado que los trabajadores puedan excluir los años más negativos de sus cotizaciones”, recalcó hoy Calviño, tras subrayar que su Gobierno buscará no obstante el consenso de empresarios y sindicatos para sacar adelante la nueva reformas de las pensiones.

Pelea por el salario mínimo

Los cambios en pensiones no son las únicas diferencias que dividen al Ejecutivo de coalición. El Ejecutivo se reúne hoy con los agentes sociales para discutir sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

En esta parcela, el Ejecutivo aparece también dividido entre el sector socialista, encabezado por la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, quien ha repetido hoy que quizás no sea este el momento de subir el salario mínimo, un frente al que se unió también la vicepresidenta primera, Carmen Calvo; y que dirime sus posiciones con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el resto de miembros de Unidas Podemos, que abogan por subir esta renta.

Yolanda Díaz, que el otro día negó que una subida del salario mínimo perjudique a la hostelería, ha dicho hoy lunes que “sería muy preocupante” que las empresa no puedan soportar una subida del SMI de 9 euros en 2021; una cifra que sería el resultado de elevar un 0,9% esta renta, en línea con las pensiones, la previsión de inflación y el sueldo de los funcionarios; pero muy lejos de las pretensiones de los sindicatos, que oscilan entre el 1,9% defendido por Comisiones Obreras y el 5% de UGT.

En este sentido, la patronal de agricultores Asaja consideró hoy una “auténtica barbaridad” subir el salario mínimo en 2021, después de que este se haya incrementado un 33% en los últimos tres años, afirmó su presidente Pedro Barato.