La Comisión Nacional de Energía (CNE) no ha tratado finalmente en su consejo de este martes la petición de supervisión formalizada por Repsol sobre el pacto entre Pemex y Sacyr para sindicar sus votos en la petrolera, según han confirmado fuentes del regulador, que incluso aseguran que el tema no tiene por qué tratarse en las próximas sesiones del consejo dado que hay tres meses de plazo para dar una solución al amparo solicitado por la petrolera. En concreto, el plazo finaliza el próximo 5 de diciembre.

El consejo de administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) tenía entre los asuntos pendientes en su reunión extraordinaria de este martes la decisión de analizar o no el cambio accionarial que supone el pacto alcanzado entre la mexicana Pemex y la constructora Sacyr de sindicar sus acciones, que ya suponen el 29,5% de la petrolera española.

Al regulador no solo ha llegado la petición de amparo de Repsol sino también la petición de que intervenga de oficio por parte de los accionistas minoritarios de Aemec, así como el apremio interpuesto por Gas Natural Fenosa para que se tenga en cuenta las intenciones que tiene Pemex en entrar en el consejo de la petrolera española, por si pudiera ser incompatible su presencia en las decisiones del consejo de administración al poder acceder a información del que en el ámbito internacional es competidor suyo.

En la decisión de la CNE tendrán que observarse además nuevas «reglas de juego» ya que ha entrado en vigor la denominada «Función 14» de la Ley de Economía Sostenible, que exige la obligatoriedad a las empresas extracomunitarias de solicitar autorización al organismo regulador cuando adquieran participaciones de capital en empresas de grupos energéticos nacionales que superen el 20%.

Reunión del consejo de Repsol

El aplazamiento de la decisión de la CNE se produce la misma semana, este mismo miércoles, en que está previsto que el consejo de administración de Repsol se reúna por primera vez tras el acuerdo alcanzado entre Pemex y Sacyr, escenificándose la nueva situación en que queda el máximo órgano gestor de la petrolera. Además, el análisis de la nueva composición del consejo no podrá ser eludida, dado que el tercer socio, La Caixa (que posee el 12,9% de las acciones), ha solicitado expresamente se se aborde este tema. Los representantes de La Caxia aún no han tomado partido por ninguna de las dos partes, si bien históricamente siempre se han posicionado del lado de la dirección de la compañía que preside Antonio Brufau.

Además, los representantes de Sacyr y Pemex en el consejo cuentan con la participación suficiente en la empresa como para intentar separar los cargos de presidente y máximo ejecutivo y exigir una representación en el órgano rector acorde con el capital que poseen, pese a que según los estatus les correspondería los cuatro vocales que ya poseen. Ambas cuestiones estaban incluidas en el pacto que las dos empresas firmaron el pasado mes de agosto, y por tanto, no se puede descartar que Sacyr y Pemez intenten «asaltar» la presidencia de la compañía, apartando a Brufau del puesto.

Sin duda, desde que se produjo el pacto entre Pemex y Sacyr, los máximos responsables de Repsol han estado estudiando una estrategia que sirva para frenar el pacto, y cuentan con un argumento de peso como es la competencia desleal que supondría la participación de Pemex en su órgano rector al ser una compañía con la que compite en el exterior, por lo que no debería formar parte de la toma de decisiones a fin de no jugar con ventaja al conocer sus estrategias de negocio.

De momento, el o,5% de acciones que les falta a Pemex y Sacyr evita que ambas compañías tengan que presentar una oferta pública de adquisición (opa) sobre el 100% de Repsol tal y como obliga la normativa española, que también prohíbe a los socios de una empresa que antepongan sus intereses a los de la propia compañía donde tienen participaciones.