El Gobierno ha aprobado el real decreto-ley de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública que elimina las trabas burocráticas para agilizar la ejecución de los proyectos de los fondos europeos y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, explica que la norma busca que la tramitación y gestión coordinada de la Administración del Estado a «órdenes del Gobierno» sea «lo más corta posible, más eficiente, más clara, más ligera», con «control y rigor» y capaz de alcanzar los objetivos y metas que España necesita en un «muy corto plazo de tiempo», en una operación que ha tildado de «histórica» y «sin precedentes».

Para la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el real decreto es «imprescindible» para el crecimiento y la sostenibilidad del Estado de bienestar y para agilizar la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Carmen Calvo explica que los Ministerios de Presidencia, de Hacienda y de Asuntos Económicos llevan «mucho tiempo» trabajando con las indicaciones precisas, como otros países de la Unión Europea, para preparar a España ante «el mayor desafío que nunca ha tenido». Y que esto implica a todas las administraciones, a todos los niveles, y también a la iniciativa privada, en el «esfuerzo de gestión, ejecución y colaboración del que depende el futuro del país».

«Estamos preparados para ello, aquí está la esperanza, ciertamente acariciada a lo largo de un año muy difícil, que va a terminar, trabajando intensamente para un 2021 de recuperación gracias al esfuerzo para que España y la UE dispongan de fondos nunca antes movilizados para superar la crisis», reitera Carmen Calvo.

España recibirá 140.000 millones€ hasta 2026, 72.000 millones en transferencias los tres primeros años y, dentro de éstos, 27.000 millones adelantados ya en los Presupuestos de 2021, que servirán para acometer las transformaciones «pendientes durante años» en materia de clima, digitalización, igualdad, cohesión social y territorial.

Carmen Calvo explica que el real decreto ley de medidas urgentes se publicará en paralelo a los Presupuestos Generales del Estado de 2021, al ir «engarzados» a la ejecución habitual de los recursos propios de España.

Creación de los PERTE

La norma contempla un impulso de las sociedades de economía mixtas, bajo las que el Estado contará con mayoría de capital y acomete junto al socio privado la ejecución del proyecto, recupera figuras administrativas y crea nuevas estructuras ‘ad hoc’ para agilizar la absorción de fondos, como es el caso de la creación de agencias estatales como organismo público.

Además, el Gobierno crea una nueva figura administrativa de colaboración público-privada: los proyectos estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), para lo que se abrirá un registro en el Ministerio de Hacienda para que las entidades interesadas en formar parte de la colaboración público-privada puedan hacerlo de forma «abierta y absolutamente coordinada». Estos proyectos se aprobarán uno por uno en el Consejo de Ministros.

Se crearán cinco nuevos órganos de gobernanza de los fondos europeos, que pasan en primer lugar por una Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, que presidirá Pedro Sánchez y en la que participarán todos los ministros.

Se creará también un Comité Técnico, que dará soporte técnico y legal a la Comisión Ministerial, y una Unidad de Seguimiento del Plan de Recuperación, así como foros y consejos consultivos de alto nivel en los principales sectores implicados y se reactivará la Conferencia Sectorial de Fondos Europeos con las autonomías al necesitarse una «estrechísima colaboración».

La Dirección de Fondos Europeos, del Ministerio de Hacienda, será designada como la autoridad de gestión responsable de cara a la rendición de cuentas en Bruselas.

Carmen Calvo explica que se acometerán modificaciones para mejorar la tramitación de expedientes, la contratación, la gestión y el control a las fórmulas habituales de trabajo (convenio, subvenciones y fórmulas de consorcio).

Esta nueva estructura organizativa y administrativa será la encargada de agilizar al máximo todos los plazos de los contratos financiados con los fondos europeos, a los que se aplicará «el régimen excepcional de tramitación urgente».

En consecuencia, estos proyectos tendrán preferencia y los plazos para emitir los respectivos informes o cumplimentar los trámites correspondientes quedarán reducidos a cinco días naturales, sin que quepa prórroga alguna, al tiempo que los plazos fijados para la tramitación del procedimiento abierto se reducirán a la mitad por exceso, salvo el plazo de presentación de proposiciones, que será de 15 días naturales contados.

En paralelo, se elevan los umbrales económicos para recurrir a los procedimientos abiertos simplificados, ordinario y abreviado.

Además, se aborda la simplificación de la tramitación de convenios administrativos eliminando las autorizaciones por el Consejo de Ministros y reduciendo plazos para la emisión de aquellos informes que resulten preceptivos. Se permite la tramitación anticipada de los expedientes de convenios que vayan a ejecutarse en el ejercicio siguiente o posteriores.

Excepcionalmente, el plazo de vigencia de estos convenios podrá tener una duración superior a la legalmente establecida, pudiendo llegar como máximo a diez años, con posibilidad de una prórroga de siete años.

La tramitación de subvenciones relacionadas con el uso de fondos europeos también se agiliza y se acortan los plazos. Así, se eliminan requisitos de informes y autorizaciones preceptivas, si bien para autorizar la concesión de subvenciones de cuantía superior a 12 millones de euros será necesario acuerdo del Consejo de Ministros.

Igualmente, se podrá efectuar el desembolso anticipado de los fondos hasta un límite máximo del 50% de la cantidad total a percibir en los expedientes de gasto que se tramiten para los que su normativa reguladora no permite o bien se limita el desembolso anticipado.

A su vez, se podrán adquirir compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores, siempre que no superen los límites y anualidades fijados.

Respecto a la fiscalización, debe pronunciarse el órgano de control en el plazo de cinco días hábiles.

El decreto establece un portal web único del Plan de Recuperación, que centralizará y distribuirá la información a todos los interesados. A través de su ventanilla única se podrá realizar la tramitación de las solicitudes de participación en las convocatorias de ejecución de fondos.

Asimismo, se reorganizan puestos de trabajo y asignación de funcionarios para la gestión de los fondos, y se podrá acordar la asignación de funciones a tiempo parcial y, «excepcionalmente» y cuando resulte imprescindible, se contemplará la creación o modificación de puestos de trabajo cuyas funciones estén directamente relacionadas con la gestión de los proyectos. Todos los Ministerios podrán disponer de personal dedicado «exclusivamente» a estas competencias.

Como regla general, se contará primordialmente con aquellos empleados públicos que tengan experiencia directa o indirecta en la gestión de proyectos relacionados con fondos europeos. Todos los que se dediquen a la gestión de los fondos, podrán recibir un complemento salarial variable por consecución de objetivos para compensar el desempeño del personal.