Al socaire del estado de alarma, el Gobierno ha legislado mediante normas de distinto nivel, que van desde el decreto a la orden ministerial, como he explicado aquí en varias ocasiones. Ha habido casos en los que, con una simple orden ministerial, se han rozado derechos constitucionales, lo que es un disparate jurídico, pero la oposición o las oposiciones se han dejado colar las normas sin más. Que me refiera a la pasividad, ignorancia o las dos cosas de la oposición no quiere decir que la responsabilidad primera y mayor es del Ejecutivo. Faltaría más

En relación con esta introducción quiero referirme a la decisión del Consejo de Ministros de confiscar o mejor dicho, expropiar a las personas o sociedades que tienen varios locales para ser explotados en alquiler. La norma tendrá, en este caso, el rango de Real Decreto-Ley, con el que el  Consejo pretende entrar en el contenido del Artículo 33 de la Constitución, que reconoce el derecho a la propiedad privada y que garantiza que nadie puede ser privado de sus bienes y derechos sin la correspondiente indemnización.

Hay, afortunadamente, una prolija jurisprudencia en España sobre la propiedad, su función social y sobre la expropiación forzosa y la indemnización. No me voy a sumergir en materia tan delicada, pero está claro que el Gobierno no ha dicho nada de que la reducción forzosa del 50 por ciento del alquiler contratado vaya a ser sufragado por el propio Gobierno. Por tanto hay que deducir que el propietario sufrirá una mengua de la mitad de los alquileres de sus y no va a percibir compensación alguna. ¿O sí?

La crisis se ha llevado por delante miles de negocios de todas clases que han sucumbido por la caída estrepitosa de la demanda, por las distintas decisiones restrictivas a la movilidad, que yo no discuto en absoluto, o porque el desempleo impide a muchos cientos de miles de personas en nuestro país mantener el nivel de gasto de hace un año. Basta con pasear por cualquier capital o población importante para ver centenares de locales vacíos, como una secuela atroz de la pandemia.

Tardía y demagógicamente, el Ejecutivo decide que los propietarios de diez o más locales se queden sin cobrar la mitad del alquiler. Al fin y al cabo, si alguien tiene ese número de espacios comerciales o es rico o se trata de una empresa que, por definición, es una explotadora implacable de los pobres autónomos o pequeños propietarios de negocios. El número de locales es una arbitrariedad como otra cualquiera. ¿Por qué no siete o doce? ¿Y si el propietario lo es de diez o más locales, pero en este momento no los tiene ocupados y en renta todos ellos? ¿Y si el inquilino es quien dispone de varios locales arrendados porque su negocio está extendido por toda una ciudad o un territorio determinado?  Y lo que es más importante, ¿por qué un gobierno se inmiscuye en un negocio legal y libremente pactado por las partes?

Cuando se improvisa, cuando se quiere matar moscas a cañonazos, lo que sufre de verdad es el estado de derecho, que todavía está vigente. Lo recomendable sería que la norma no se pusiera en vigor y que se pensaran más y mejores medidas para asistir a una ciudadanía asustada, perpleja y paralizada.