El decreto que prorroga la suspensión de los desahucios hasta la finalización del estado de alarma (9 de mayo de 2021) ya está en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La norma, aprobada en Consejo de Ministros el 22 de diciembre, incorpora a esta medida de suspensión de desahucios a otros colectivos vulnerables o que han visto agravada su situación de vulnerabilidad con motivo de la pandemia, de forma que la protección se extiende a aquellas personas que antes de la pandemia se encontraban en situación de vulnerabilidad. Y a los hogares afectados por procedimientos de desahucios de su vivienda habitual que no se deriven de contratos de arrendamiento, siempre que haya personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o menores de edad a cargo.

Ello se debe haber producido antes de la entrada en vigor del decreto y sin que en ningún caso la ocupación constituya para nadie su residencia habitual, su segunda vivienda ni hayan sido cedidas a otras personas, y siempre y cuando las personas recogidas en este colectivo tengan acreditadas su situación de vulnerabilidad.

La nueva norma dice que la suspensión del procedimiento de paralización del desahucio  tampoco podrá dictarse nunca cuando existan indicios razonables de que la vivienda se está utilizando para la realización de actividades ilícitas, cuando se trate de inmuebles destinados a vivienda social y ya se hubiera asignado la vivienda a un solicitante o cuando la entrada en el inmueble se haya producido con posterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto.

Según el Gobierno, están muy tasadas las circunstancias personales, pero también las situaciones de los propietarios, que en todo caso se referirán a grandes tenedores, que tengan más de diez viviendas. En los casos en los que se produzca una situación de suspensión del lanzamiento, deberá ser previo requerimiento de la persona arrendataria, que es la que tiene que presentar esa solicitud de aplazamiento.

En este caso, el juzgado deberá dirigirse a los servicios sociales para que acrediten la situación de vulnerabilidad de estas personas. A partir de ahí, en un plazo de 15 días, serán las comunidades autónomas las que, de acuerdo a su competencia, tienen que procurar una alternativa habitacional.

Para hacer frente a esta situación, se podrá bien utilizar el fondo de ayudas al alquiler para vivienda asequible, o en el caso de que no pudiese resolverse la situación por falta de alternativa habitacional, el propietario de la vivienda tendrá derecho a una compensación que se establece en función del índice de precios de referencia del mercado del alquiler, siempre que fuera el propietario el que reclamara esta compensación, porque se hubiesen producido daños objetivos en el domicilio.

El Gobierno ha destacado que esta norma refuerza garantías judiciales, compromete al resto de Administraciones públicas competentes en materia de vivienda y no legitima ninguna ocupación de vivienda, pues distingue las distintas situaciones personales, las casuísticas que se pueden presentar, identifica que casos excepcionales merecen una protección singular, estima compensaciones a propietarios y privilegia la supervisión judicial e intermediación servicios sociales.

Las ayudas a hostelería, comercio y turismo, desde el 24 de diciembre

Por su parte, el Real Decreto-ley que proporciona ayudas de 4.220 millones€ para la hostelería, el comercio y el turismo, sectores más castigados por la pandemia, entrará en vigor el 24 de diciembre, un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y dos desde su aprobación por el Consejo de Ministros.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, asegura a Onda Cero que el Gobierno está del lado del secto y no está dispuesto a que «nadie se quede atrás». Y confía en que las nuevas ayudas supongan «un balón de oxígeno» hasta que se produzca la recuperación.

«El Gobierno ha hecho un esfuerzo extraordinario: 5.500 millones€ para el sector turístico entre marzo y noviembre», con medidas que están siendo «eficaces» porque están minorando el impacto de la pandemia en estas actividades, que están entre las más afectadas por la crisis sanitaria.

Respecto a posibles ayudas a pequeñas agencias de viajes, la ministra explica que éstas se podrán beneficiar tanto de la desgravación fiscal que se hace al arrendador, como utilizar los avales ICO para las devoluciones a sus clientes «algo que estaba restándoles liquidez», como de la bajada de impuestos «en el caso de los módulos de IRPF y el régimen simplificado IVA se ha bajado hasta un 35% la tributación de toda estas actividades. «Es una medida nueva que incorpora el plan que va a dar un desahogo a las empresas para que no tengan que pagar impuestos y que puedan terminar de cerrar un mes complicado y abordar un 2021 con otra mirada», concluye Reyes Maroto.