Sobre los indultos

29/12/2020

Josep M. Orta.

Los presos políticos catalanes han pasado por cuarto año las fiestas navideñas en prisión. Paralelamente, la polémica sobre una hipotética ley de amnistía, la posibilidad de un indulto o la modificación del delito de sedición abre no pocas controversias tanto en el mundo político como en el mediático. Sin olvidar que ya son más de tres mil personas que sufren las consecuencias de aquellos hechos.

Pero el problema de fondo es otro. Miles de catalanes y no pocos juristas han abonado que todo este proceso está lleno de irregularidades, que la instrucción de Pablo Llarena fue una chapuza, que el juicio presidido por Manuel Marchena fue manifiestamente mejorable, que la sentencia se basó en un relato elaborado en base a unos más que discutibles informes de las fuerzas policiales, que se retorció la ley hasta límites increíbles para argumentar una condena por rebelión y tras un pacto para lograr la unanimidad se les condenó con sedición con los argumentos de la rebelión. Que hasta en la redacción de una condena que sabían que se analizaría con lupa hasta se confundieron algunos cargos por los que se condenaba a determinadas personas. Además, la transformación de violencia por unas manifestaciones pacíficas era considerablemente exagerada.

Junto a ello hay que destacar la condena a la presidenta del Parlament por haber tenido, según el reglamento, una actuación impecable, por no decir de la actuación de los dos Jordis, dirigentes de asociaciones civiles que contribuyeron a que la protesta no derivara en actos violentos. Sí que hubo violencia por parte de las fuerzas policiales, pero de esto no se habló en la sentencia.

Hay más, los altos cargos que testificaron en el juicio podrían haber incumplido el juramento o promesa de decir verdad. Nadie se hizo responsable de ordenar la contundente actuación policial, ni el entonces presidente del gobierno ni los altos cargos policiales, mientras los testimonios de la defensa no fueron tomados en consideración. Incluso algunos testimonios fueron de chiste, como aquel que denunció que los manifestantes utilizaban el fairy como arma defensiva.

Tampoco los fiscales realizaron satisfactoriamente el papel de buscar la verdad, sino que se limitaron a defender un relato de los hechos que poco tuvo con la realidad.

Para muchos el problema no es el indulto, la amnistía o la modificación del delito de sedición, de lo que se trata es de que se haga justicia. Pasó lo que pasó pero también no pasó lo que no pasó. No es extraño que el Tribunal Constitucional congele los recursos que se han presentado para retrasar su tramitación en los tribunales europeos. Quizás no están tan seguros que allí la justicia española puede tener los pies de barro, pero el daño ya está hecho.

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