Me preguntaba mi compañero y director de la Clicktertulia, Juan Ignacio Ocaña, sólo unas horas de que Monseñor Sánchez nos lanzara su homilía de fin de año, sobre qué podía esperar de la intervención presidencial. Más que esperar, le dije, lo que me gustaría es que dijera la verdad, pero sólo espero alabanzas y autobombo sin entrar en los problemas reales del país. Y, una vez consumada la monserga acerté en lo que esperaba y, una vez más, me quedé con las ganas de escucharle una verdad.

Alabanzas y panegíricos a su gestión con ese autoexamen sobre e cumplimiento de sus acuerdos de Gobierno, encargado a un grupo de amigos a los que previamente se les adoctrinó sobre el contenido y las calificaciones de la prueba, y en el que Sánchez presumía de haber realizado ya el 23,4 por ciento de sus compromisos. Porcentaje considerable para un año, aunque lo importante en estos casos no es la cantidad sino la calidad. Y lo hecho hasta ahora ni se ha hecho bien, ni ha respondido a los intereses reales de los ciudadanos. La citada Ley Celaá, la eutanasia, los ataques a la Monarquía o los movimientos para indultar a los condenados por el intento de golpe de Estado en Cataluña son los claros ejemplos de lo que ocupa y preocupa a este Gobierno y no la salud, las libertades, la economía y el trabajo de los españoles.

Porque al entendimiento de una mayoría de ciudadanos imparciales y de la totalidad de las organizaciones internacionales Sánchez a suspendido con cero zapatero en casi todas las asignaturas de su doctorado, especialmente en las materias de Sanidad y Economía donde los datos muestran que España es hoy el país de Europa con mayor número de muertos por habitante a causa del COVID y el que tiene los peores resultados económicos.

Nada dice el examen de Sánchez de la falsificación en las cifras de fallecidos por el COVID, reconociendo ya más de 50.000, pese a que el INE eleva esa trágica cifra por encima de los 70.000. Tampoco habla del desastre en las compras los test, de las mentiras sobre el comité de expertos, o de su dejación de funciones cediendo la gestión de la pandemia a las comunidades autónomas a pesar de pedir una prórroga del Estado de Alarma hasta mayo, o de las colas del hambre que no se veían en España desde la posguerra.

Y, respecto a la economía también se olvida el examen de que el PIB de España caía un pavoroso 16,7 por ciento en el tercer trimestre frente a los crecimientos del 8,1 por ciento para el conjunto de los países del G-20 PIB o los de países más próximos a nuestro entorno como Francia e Italia que para el mismo periodo registraban subidas del 18,7 y del 15,9 por ciento, respectivamente.

Asimismo, el déficit del conjunto de las administraciones públicas, excluyendo a las entidades locales, alcanzó 78.952 millones de euros hasta octubre, equivalentes al 7,14 por ciento del PIB, tasa casi cinco veces y media superior a la registrada un año antes. Mientras que nuestra deuda pública, con datos de la AIREF, alcanza los 1,3 billones de euros situándose en el 114,1 por ciento, su valor máximo de los últimos cien años.

Y respecto al empleo, España tiene hoy más de cinco millones de parados, sumando a los cuatro millones registrados los autónomos que se encuentran en cese de actividad por cierre de negocio. Casi dos millones de inactivos más que los que había al inicio de la era Sánchez. Y con otros casi 800.000 trabajadores en los ERTE, que caducan en febrero, y de los que más de la mitad no volverán a sus puestos de trabajo.

Estos son los datos que no cuenta un Pedro Sánchez que, nuevamente, muestra su desprecio al Parlamento que es la institución ante la que debería rendir cuentas y a la que constitucionalmente le corresponde examinarle. Y, una observación, empieza a resultar costumbre que el Presidente del Gobierno tenga que recurrir a “expertos” para dotar de fiabilidad y autoridad a sus palabras. Pero es que, a estas alturas de la película y vista la trayectoria de mentiras y contradicciones que le adornan, hoy nadie, o casi nadie, valora y cree en su palabra.