Medio centenar de delegados de los sindicatos CC.OO., UGT, CSIF y USO se encerraron el miércoles en el ministerio de Trabajo para denunciar la falta de medios con la que cuentan los Servicios Públicos de Empleo (SPPE) (antiguo INEM) para gestionar la enorme carga de trabajo que soportan: 11 millones de expedientes anuales correspondientes a prestaciones por desempleo, subsidios o las ayudas del «Plan Prepara».

Los encerrados reclamaron al Ministerio de Trabajo que se cumpla el acuerdo que alcanzaron en 2008, en el que se establecía que la plantilla se iba a reforzar hasta los 12.000 efectivos, frente a los cerca de 9.000 actuales. Sin embargo, según las cifras que maneja la organización sindical, la plantilla del organismo ha disminuido en el último año en más de 1.400 personas y los órganos de dirección de la Administración amenazan con recortar a otros 1.550 funcionarios interinos.

La portavoz de la FSP-UGT en el Ministerio de Trabajo, Françoise Calvo, ha denunciado la situación de este servicio, que carece de oficinas propias y del personal necesario para llevar a cabo esta tarea de forma adecuada. «Tenemos ordenanzas reconociendo prestaciones y cuando alguien se pone enfermo no hay gente para sustituirle. Algunos se están llevando el trabajo a casa», ha denunciado.

Calvo ha explicado que hay usuarios que tienen que esperar cuatro o cinco horas, para después llegar a la ventanilla y serle denegada la prestación. «Es una ironía que seamos la empresa con mayor proyección de crecimiento del empleo y estemos así», ha criticó

Por su parte CC.OO. criticó también la iniciativa del Gobierno de integrar en una sola entidad al SPEE y al FOGASA, los dos organismos más depauperados de la Administración del Estado y los que soportan las mayores cargas de trabajo derivadas del proceso de destrucción de empleo. Al respecto, el sindicato señala que «la decisión solo puede calificarse de peligrosa ocurrencia sin fundamento».

Comisiones Obreras resaltó que a pesar de que el SPEE gestiona cerca de 11 millones de expedientes al año y más de 31.000 millones de euros, carece de oficinas propias y del personal necesario para llevar a cabo esta tarea de forma adecuada, por lo que «el pago de las prestaciones puede estar claramente comprometido en el corto plazo».

En este sentido los trabajadores encerrados denuncian que el SPEE ha perdido en los últimos años la propiedad de las 700 oficinas de empleo que antes pertenecían al antiguo Inem y que ahora están bajo el control de las comunidades autónomas.