El PSOE quiere endurecer el régimen de revocación del Número de Identificación Fiscal (NIF), para que los notarios se abstengan de intervenir en escrituras públicas de contribuyentes sin esta identificación en regla y que alerten a Hacienda cuando tengan constancia de sus operaciones.

Mediante enmiendas al proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal que se tramita en el Congreso, el PSOE propone modificar la Ley General Tributaria y la Ley del Notariado para establecer la obligatoriedad de incluir esta identificación fiscal en toda escritura pública para la creación o constitución de una entidad, con o sin personalidad jurídica.

De esta forma, la publicación en el BOE de la revocación del NIF de una entidad implicará la prohibición de acceso a cualquier registro público, incluidos los de carácter administrativo, salvo que se rehabilite esta identificación y que toda certificación registral de la entidad titular debe reflejar que su NIF está revocado.

Así, el registro público en el que esté inscrito la entidad deberá extender una nota marginal para dejar constancia que, en adelante, no podrá realizar ninguna inscripción que le afecte hasta la rehabilitación del NIF, a excepción de aquellos trámites imprescindibles para cancelar esta nota.

El PSOE quiere que antes de autorizar o intervenir en cualquier escritura pública, acta o póliza, el notario deba consultar la lista de NIF revocados y no autorizar o intervenir en cualquier instrumento que se pretenda otorgar por una entidad jurídica con NIF revocado.

Y busca impulsar un sistema automatizado para el Consejo General del Notariado que permita identificar ante la Agencia Tributaria de aquellas empresas con NIF revocado y no rehabilitado que hubieran pretendido otorgar un documento público.

El PSOE justifica estos cambios en la necesidad de que la Agencia Tributaria conozca qué entidades jurídicas que, a pesar de tener el NIF revocado y no rehabilitado, busquen otorgar una operación ante notario, lo que permitiría inferir que esa entidad tiene actividad económica o jurídica, un control efectivo sobre la misma y un dato real sobre qué entidades operan así.

De esta forma, busca «potenciar» los efectos de esta revocación ante la experiencia de actuaciones de lucha contra el fraude de que existen entidades con NIF revocado que, de facto, siguen otorgando escrituras públicas y realizando operaciones que se inscriben en registros públicos.

«Dentro del colectivo societario existe una parte muy significativa constituida por sociedades inactivas o con escasa o nula actividad» y que en ocasiones estas sociedades «han sido simplemente abandonadas por sus administradores y socios» sin completarse los actos para su extinción y disolución, argumentan en el PSOE

Unas situaciones «muy perjudiciales para la adecuada gestión de los recursos que la Agencia Tributaria destina al control, ya que obligan a atender a un colectivo de potenciales obligados tributarios, mucho mayor del que, efectivamente, realiza actividades económicas».