De acuerdo con las previsiones iniciales, las solicitudes de compra se iniciarán el día 12 de octubre y finalizarán el día 14, el precio final de la oferta se fijará definitivamente el 17 de octubre y al día siguiente se llevará a cabo la adjudicación y el desembolso. Así, estaba previsto que las acciones de Loterías comenzaran a cotizar en Bolsa el día 19 de octubre.

Loterías ofrecía a los inversores minoristas que acudieran a su salida a Bolsa un dividendo mensual con una rentabilidad anual próxima al 8%, según la información que los bancos colocadores estaban suministrando a los potenciales clientes.

El 60% de la Oferta Pública de Venta (OPV) se dirigía a inversores minoristas, y el resto a institucionales, tanto nacionales como extranjeros, y es en este último segmento donde parece encontrarse uno de los problemas que ha hecho al Gobierno cambiar sus planes de privatización. También el precio de venta para los minoristas podía haber sido diferente del fijado para los institucionales, pero nunca superior.

Sin endeudamiento financiero

Loterías y Apuestas del Estado presume ante los potenciales inversores minoristas de carecer de endeudamiento financiero y de su intención de distribuir al menos el 80% de sus beneficios netos en pagos mensuales de dividendos.

Bajo el eslogan ‘Si hay algo seguro es que la gente nunca va a dejar de soñar’, la sociedad que preside Aurelio Martínez ha distribuido dípticos en sucursales bancarias y en las administraciones de loterías para animar a sus clientes a invertir en la mayor salida a Bolsa de la historia de España.

El Gobierno espera cuando pueda realizar esta privatización que el Estado ingrese entre 7.000 y 8.000 millones de euros, en función del precio de salida a Bolsa que se fije, un precio que se sospecha no podía haber conseguido al salir ahora a Bolsa y con el que se esperaba una reducción significativa de la deuda del Estado. Si la operación se retrasa más allá de la elecciones generales del 20N, deberá ser el nuevo Gobierno el que decida qué hacer con la privatización.

El valor patrimonial de la sociedad se sitúa cerca de los 21.000 millones de euros, aunque no se han incluido algunos activos en la valoración, como los nuevos juegos, el plan de internacionalización o la reducción costes.

Con esta operación se culmina el proceso de reordenación de la actividad de juego gestionada por el Estado que se inició el 3 de diciembre de 2010, tal y como recoge el artículo 14 del Real Decreto Ley 13/2010.