El Gobierno ha aprobado dos normas que actualizan el marco contable y de auditoría, adaptándolo a la normativa europea, y que ayudarán a mejorar la calidad de la información financiera y su supervisión, reforzando con ella la confianza de los inversores y la fortaleza de los mercados de capitales.

Un Real Decreto aprueba el reglamento que desarrolla la Ley 22/2015, de Auditoría de Cuentas, completando la transposición de la Directiva 2014/56. El objetivo es aumentar la confianza en esta actividad y la credibilidad del informe de auditoría, reforzar la transparencia en la actuación de los auditores, su independencia y la mejora de la calidad, así como impulsar una supervisión pública uniforme en todo el conjunto de la Unión Europea.

Este Reglamento proporcionará más claridad y seguridad en la interpretación y
ejecución de las disposiciones de la Ley de Auditoría de Cuentas de 2015,
contribuyendo así a incrementar la fiabilidad en la información financiera que se
audita y en la que confían los terceros que actúan en el mercado. De este modo
la auditoría cumple con su función de interés público.

Para llevar a cabo el fortalecimiento de la independencia de los auditores se
establecen los mecanismos para evitar conflictos de intereses, así como los
requisitos necesarios de documentación en los papeles de trabajo del encargo
del análisis de las amenazas a la independencia, así como las posibles medidas
de salvaguarda adoptadas. Esa documentación está sujeta a la supervisión
pública para garantizar el cumplimiento de las exigencias legales. También se
establece el detalle de las reglas de cómputo para determinar los límites a la
dependencia económica por alcanzarse un determinado nivel de concentración
de honorarios.

En cuanto a la trasparencia sobre el trabajo de los auditores, la normativa
establece un conjunto de requisitos de publicidad, entre los que destacan la
obligación de emitir un informe anual de transparencia para los auditores de
entidades de interés público y la obligación de publicar los resultados de las
inspecciones periódicas llevadas a cabo a esos auditores por parte del ICAC.

Reforma del Plan General de Contabilidad

El Consejo de Ministro ha aprobado otro Real Decreto que reforma el Plan General
de Contabilidad, dentro de la estrategia de convergencia con las Normas Financieras Internacionales emitidas por el International Accounting Standards Board, así como a la Directiva de Auditoría y el Reglamento (UE) de auditoría de entidades de interés público de contabilidad financiera adoptadas por la Unión Europea (NIIF-UE), en concreto en los ámbitos de la contabilización de los instrumentos financieros (NIIF-UE 9) y el reconocimiento de ingresos (NIIF-UE 15).

Esto supone disponer de una normativa contable interna independiente y autónoma por los relevantes efectos fiscales y mercantiles que produce, pero al mismo tiempo adaptada a las NIIF-UE.

Esta adaptación no resulta de aplicación a las pymes, dado que éstas están
sujetas a un régimen simplificado de presentación de informes. Tampoco se
aplica a las entidades financieras, con un marco contable específico elaborado
por el Banco de España.

Los grupos cotizados españoles ya aplican directamente las NIIF-UE, por lo que la adaptación normativa realizada permite a las sociedades integrantes de esos grupos cotizados aplicar en sus cuentas anuales individuales un marco de información financiera adaptado a esos principios y criterios contables internacionales y por tanto más coherente con el marco empleado en el grupo consolidado.

En el proceso de elaboración de estas dos normas se ha contado con la
participación de los supervisores del mercado financiero y de los profesionales
de auditoría, a través de las corporaciones que les representan, el Consejo
General de Economistas de España-Registro de Economistas Auditores y el
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. También profesionales
del ámbito universitario y de las Administraciones Públicas y representantes de
inversores y empresas, además de su debate en el Comité Consultivo de
Contabilidad y la conformidad del Consejo de la Contabilidad. Esto garantiza la
calidad del texto aprobado, al incorporar consideraciones de todas las partes
afectadas.