La Covid-19 y los fondos comprometidos por Bruselas enturbian la relación entre el Gobierno y los agentes sociales. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha exigido hoy al Gobierno de Pedro Sánchez que desvele “las fichas” que el Ejecutivo enviará a Bruselas detallando las reformas estructurales que la Comisión Europea exige a cambio de las ayudas frente a la pandemia.

Sordo, que el lunes participó en una reunión donde el Ejecutivo fijó sus prioridades para los próximos meses, redobló hoy la exigencia al Gobierno de desvelar sus acuerdos con Bruselas, demandados en contrapartida por la abundante ayuda que los Estados más afectados por la pandemia, España e Italia, entre ellos, recibirán para superar la crisis.

En primer lugar, Sordo alertó contra una posible “doctrina del ‘shock’” que impida abordar las reformas que el país necesita acometer, y recorte una agenda social que pasa, en su opinión, por mejorar el salario mínimo, dar marcha atrás a la reforma laboral del PP y evitar recortes en las pensiones.

“Si en algún momento toca abrir una agenda social es cuando la gente está sufriendo tanto”, alentó, tras urgir a elevar el salario mínimo interprofesional (SMI), congelado hasta el momento en 2021, debido a la negativa de los empresarios y de un sector del Gobierno, capitaneado por la ortodoxia de Nadia Calviño, la vicepresidenta de asuntos económicos.

La principal aspiración del sindicato, que suma en toda España, dijo, 93.000 delegados; 10.000 más que UGT, es derogar la reforma laboral del PP en 2012, y devolver a la negociación colectiva su autonomía y resortes para evitar una nueva devaluación salarial, ahora que se inicia la remontada tras el frenazo económico motivado por el virus.

“CCOO comparte con la UE la idea de que hay que modernizar el modelo laboral español. No hay cosa más antigua que competir con bajos salarios y precariedad. El problema es cómo”, señaló Sordo este miércoles antes de avanzar algunas cuestiones en torno a las negociaciones con el Gobierno sobre asuntos capitales como pensiones, salarios y la continuidad de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) frente a la Covid-19.

Reducción drástica de la temporalidad

En primer lugar, CCOO aboga por reducir de “forma drástica” la utilización de la contratación temporal; empezando por las Administraciones Públicas. Luego, el sindicato desea “meter mano” a la subcontratación, un “verdadero sumidero” de fraude, motor de precariedad y bajos salarios. Por último, el sindicato, según ha trasladado al Gobierno, ansía poner restricciones al despido, que debería ser último recurso de las empresas, y que “en España es el primero”, ejemplificó.

En suma, la central instó al Gobierno a pactar un nuevo modelo de relaciones laborales, que facilite a las empresas, cuando vienen mal dadas, reducir el número de horas de trabajo, como con los actuales ERTE, a cambio de entorpecer la vía del despido, pero no simplemente encareciéndolo.

“Solo encarecer el despido no va a resolver nada. Hay que tocar muchas piezas a la vez”, dijo, instando al Gobierno a legislar, en el caso de que CEOE se encastille y se niegue a abordar cambios cuya negociación estaba muy avanzada hace un año cuando irrumpió la pandemia y los orilló de la agenda del Gobierno.

Las subcontratas, un asunto en el que CEOE pone las mayores objeciones, es otro de los asuntos que habría que regular, en opinión del líder de CCOO. Y que figura en el listado de asuntos que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, traslado a los agentes sociales el pasado lunes en una reunión a medias telemática por las dificultades de acudir a la cita por parte de algunos de los asistentes — altos cargos del ministerio de Trabajo y los líderes de los sindicatos CCOO y UGT y de las patronales CEOE y Cepyme — debido al temporal de nieve en Madrid.

Todos los temas están incardinados. Aunque Sordo se mostró contrario a abordar todo a la vez; si bien informó de que empresarios y sindicatos —en paralelo— han creado una mesa bipartita donde amasar sus propuestas antes de llevarlas a la mesa a tres con el Ejecutivo. Así, por ejemplo, en materia de subcontratación, si se impide que los convenios de empresas prevalezcan sobre los de sector, y se endurecen las responsabilidades de las empresas que subcontratan, las empresas “van a utilizar menos” esta figura de la subcontratación, vaticinó.

“Lo ideal es que se recurra a ello para producir mejor. Y no para producir más barato”, dijo recordando a las ‘kellys’ o camareras de piso, con “salarios míseros”, dijo, por culpa de esa figura de la subcontratación.

La cruz de la reunión con el Gobierno

El sindicato, que iniciará pronto su ronda de congresos previos a la gran reunión congresual prevista en octubre de 2022, culpó al Gobierno de otorgar a CEOE “derecho de veto” en negociaciones como la del salario mínimo interprofesional. Y lanzó una clara advertencia al Ejecutivo de Sánchez tras la reunión del lunes con la ministra de Trabajo.

“La cruz de la reunión del lunes es que no conocemos los documentos que se van a enviar a Bruselas”, insistió el líder de CCOO.

“Ojo con mandar a Bruselas fichas demasiado detalladas sobre las futuras reformas en materias como políticas de empleo, protección social, pensiones… que dejen sin oxígeno el diálogo social”, advirtió.

“No vamos a estar en un diálogo social donde lo único que hacemos es acompañar las propuestas a Bruselas”, recalcó, tras insistir en que es momento de retomar la agenda social, derrumbar la reforma laboral del 12, aprobar una nueva reforma de pensiones sin recortes, y actualizar el salario mínimo interprofesional en línea con otras rentas que han subido entre el 0,9% y el 1,5%, dijo.

CCOO reiteró su negativa a ampliar el período de cálculo de la pensión de 25 a 35 años, algo que no está sobre la mesa en la negociación con el Gobierno, dijo, pero con lo que se ha especulado, a pesar de que ese plazo es tan dilatado que “muchos trabajadores no van a tener ni 35 años cotizados” cuando se jubilen, dijo.

Por último, tras reiterar su apuesta por incrementar los ingresos, y no recortar los gastos, de la Seguridad Social, exigió que el Gobierno acometa cuanto antes una reforma del mercado eléctrico y de su sistema de fijación de precios, que ha disparado el coste de la energía en plena ola de frio, acentuando una inflación alta en bienes y servicios básicos – del 2,6% —, a pesar del contexto de deflación, y lastrando la competitividad de las empresas, remató.