Previsiones sobre el desempeño de la economía en 2021 las hay para todos los gustos. El Gobierno, como es natural, se acoge a las más favorables, aunque no sean las más solventes. Al fin y al cabo, con tan amplia oferta de augurios y cábalas, nadie optaríamos por las que menos nos beneficiaran, a menos que practiquemos eso tan difícil de digerir en términos políticos, que se llama realismo.

Doña Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo, acaba de decir que “el progreso se basa en el cambio”, una frase vacía si no se le incorpora el realismo de decir, que para progresar, el cambio debe ser a mejor y no a peor, que es lo que muchos analistas avizoran. En su repertorio de frases hechas ha incluido esta tan original, “debemos generar confianza, seguridad y certidumbre”, lo que dicho ante un público de inversores internacionales debió ser la bomba de la originalidad y, lo que es mejor,  provocó una insaciable necesidad de invertir en España.

Llevada de su entusiasmo, la ministra explicó las cuatro razones por las que España merece que los inversores se fijen en ella, a saber, las vacunas; el crecimiento económico esperado; el acuerdo del brexit y la llegada a la Casa Blanca de Biden, que revitalizará el Acuerdo de París y dará a la OMC un papel menos triste que el actual y, como colofón, la existencia de unos Presupuestos Generales del Estado para este año, reforzados con 27.000 millones de euros de la UE. Como se puede ver, una por una, razones de las que  España goza en exclusiva, por lo que merece la entrada masiva de capital extranjero.

Yo no dudo de que nuestro país merezca la atención de los inversores por las expectativas de negocio a medio plazo. Pero, desde luego, no están en el magro repertorio de la ministra encargada de los negociados que definen una buena parte de nuestra economía actual. Iría más lejos, la idea que parece dominante en una buena parte del Ejecutivo es que podemos pasar de los inversores privados nacionales y extranjeros porque el maná de los recursos lo tenemos salvado.

Acaba de conocerse que el BCE compró deuda española en 2020 por 120.000 millones de euros, cifra que equivale a toda la emisión de bonos del año. Con un comprador de deuda que no busca rentabilidad ni a corto ni a largo plazo, ¿para qué vamos a recurrir al inversor privado, siempre tan quisquilloso y egoísta? Ni siquiera necesitamos generar esa confianza a la que alude la ministra Maroto, porque el BCE compra todo nuestro papel de oficio. ¡Y eso le parece a alguien un estímulo para invertir aquí!

De otras cuestiones como la errática normativa fiscal; la contrarreforma laboral; el fraccionamiento del mercado nacional; la dispersión normativa de las comunidades autónomas; la burocracia estatal, autonómica y local; la dislocación de mercados como el energético; la caótica red radial de infraestructuras de transporte; la pésima distribución de recursos hidrológicos; el desdén por el medio ambiente; la depauperación industrial; la insuficiencia de la investigación… de eso no hay que hablar, no sea que se enteren.