La reforma del mercado de trabajo y de las pensiones mantienen bloqueado el proceso de solicitud de ayuda de España a Bruselas frente a la Covid-19. El Gobierno ha enviado ya 28 de las 30 fichas que detallan las reformas e inversiones que se precisan para que la Comisión Europea apruebe las ayudas. Sin embargo, el Ejecutivo no logra desbloquear las dos reformas restantes, las del mercado de trabajo y pensiones, a la espera de que empresarios y sindicatos se avengan a acordar sus términos, según ha confirmado la tarde de este viernes la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, tras una larga reunión —la tercera— con los agentes sociales.

Bruselas tiene ya en sus despachos 28 de las 30 fichas donde España resume su futuro, en forma de planes, reformas e inversiones, con las cuales el Ejecutivo quiere aprovechar los 60.000 millones de euros en ayudas directas europeas frente a la Covid para darle la vuelta como un calcetín a la economía. Hacerla más resiliente o adaptable a los cambios, y mejorar ámbitos como el cuidado al medio ambiente, la digitalización de las empresas y hogares, y otras muchas cuestiones.

Entre ellas sobresalen dos asuntos, aún bloqueados. Tienen nombre de reforma laboral. Y de reforma de las pensiones. La primera, porque el mercado de trabajo español tiene un problema crónico de paro y de precariedad, que es momento de atajar. Y la segunda porque las pensiones generan un agujero anual de 18.000 millones, y llegan peores tiempos en cuanto a la demografía.

Calviño se reunió este viernes con los agentes sociales con la intención de avanzar en ambos ámbitos. Sin embargo, poco trascendió de la reunión, salvo algunos aspectos y matizaciones. En primer lugar, la vicepresidenta se cuidó mucho de dar la sensación de que los empresarios tienen derecho de veto, tal como aseguran los sindicatos respecto a otra negociación, relativa a la subida del salario mínimo.

Sin embargo, no tuvo empacho en admitir que Bruselas exige estas reformas, aunque con un discurso almibarado. “Los reglamentos comunitarios son muy claros respecto a que los planes de recuperación tienen que incorporar inversiones y reformas. Pero no creo que deba plantearse en términos de condicionalidad”, afirmó la titular de economía, después de su reunión con los agentes sociales.

A continuación Calviño trató de quitar hierro a esta condicionalidad — o no — de las ayudas europeas con el argumento de que pensiones y mercado de trabajo son dos ámbitos en los que el Gobierno venía ya trabajando en los últimos dos años. Y que empresarios y sindicatos comparten el “diagnóstico” y la buena disposición a la hora de trabajar ambas cuestiones.

Sin embargo, la realidad es muy distinta. Los sindicatos desean acometer cambios, como el endurecimiento del despido y la subcontratación, así como un cambio de las reglas del juego de la negociación colectiva, que ponen los pelos de punta a los empresarios. Y más en este momento, marcado por la penuria económica asociada a la Covid.

Bruselas aprieta

Sin embargo, los plazos ahogan. Y aunque el Ejecutivo ha enviado ya 28 de las 30 fichas demandadas por Bruselas, dos significativos espacios en blanco figuran bajo los epígrafes de pensiones y reforma del mercado de trabajo.

Calviño detalló que el Ejecutivo ha comenzado ya a ejecutar los fondos europeos. En concreto los 27.000 millones adelantados vía deuda, e incluidos en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, que “ya se están ejecutando”, confirmó hoy Calviño en tareas como el despliegue del 5G en zonas rurales.

Otro de los asuntos delicados de la reunión es el grado de detalle de las fichas que se envían a Bruselas. Ayer los sindicatos habían advertido de que un grado de excesivo de pormenor podía “dejar sin oxígeno” el diálogo social. Sin embargo hoy Calviño dijo que la Comisión no se conforma con cualquier cosa. Y que las fichas enviadas por el momento sí se meten en detalle en cada una de las reformas e inversiones requeridas.

Reforma de 17 elementos del mercado de trabajo

Preguntada mil veces al respecto, Calviño concedió al menos en decir los temas sobre los que se negocia con los agentes sociales; esto es, estructura de la contratación, reglas de la negociación colectiva, políticas activas, reducir la dualidad entre fijos y temporales, modernizar los servicios públicos de empleo. Un conjunto de 17 reformas, concluyó, sobre las que se requiere un “grado de detalle bastante profundo”, dijo, si se quiere cumplir con el plazo de abril que se ha puesto el Gobierno.