Ruptura entre las energéticas que rivalizan por influir en los partidos políticos

18/01/2021

Tania Juanes. Acercamiento entre Repsol y Naturgy. La petrolera advierte al Gobierno sobre medidas legales.

La normativa diseñada por el Ministerio de Transición Ecológica para que el consumo de gas y de carburantes comparta con el de la electricidad los costes para la reducción de las emisiones a la atmósfera (básicamente el apoyo a las renovables) ha removido el sector energético, con un hito como la ruptura de lo quedaba del lobby eléctrico. Naturgy y Repsol, entre otras empresas afectadas por los cambios, aproximan posiciones frente a otros grandes del sector, liderados por Endesa e Iberdrola.

Otra derivada de esta legislación, que todavía no tiene rango de ley, es precisamente que el camino que queda por recorrer da paso a contactos de los grupos energéticos con los grupos parlamentarios. No en vano, por ejemplo, Repsol tiene excelentes relaciones con el PNV. Tampoco, precisamente, Naturgy es una empresa ´desvalida´, como asimismo no lo son Iberdrola o Endesa.

Vienen ahora los movimientos políticos. Mientras, las compañías en las que el gas y los carburantes tienen más peso (aunque casi todas los grupos son mixtos) no permanecen pasivas. Naturgy ha decidido abandonar Aelec (asociación de empresas de electricidad), y que es la heredera de Unesa, aun sin el poder que tenía su predecesora.

Es una decisión que no es únicamente un golpe de cara a la galería. El sector en todavía consciente de lo que representaba Unesa, y las crisis internas que vivió, si bien esta salida supone el fin de una entidad que representaba los intereses comunes de las eléctricas. La realidad es que el sector no es de los últimos años del siglo pasado ni los los primeros del XXI.

Si bien lo más relevante puede llegar de la mano de los posibles conflictos legales. Es la estrategia que prevé seguir Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, que ha avisado al ministerio que dirige Teresa Ribera que la compañía se reserva el derecho a defender sus intereses y la de sus accionistas. La petrolera a la que el Fondo Nacional para Sostenibilidad del Sector Eléctrico implicaría costes por 1.000 millones al año, ha sido la que con más fuerza ha reaccionado. Es un grupo que está desarrollando un ambicioso plan estratégico para dar un giro a su actividad y asegurarse así el futuro como un operador relevante.
Sus críticas se han plasmado en las alegaciones al anteproyecto de ley. Según publica Juan Cruz, en El Confidencial, la transferencia de costes eléctricos a otros consumidores plantea problemas de constitucionalidad y de derecho comunitario. Y que es contrario al principio de la neutralidad tecnológica.

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